Comité político del Pacto Histórico respaldó la decisión de Gustavo Petro de convocar la consulta popular vía decreto: “Es un acto de profunda democracia”

El comité político del Pacto Histórico hizo público su respaldo a la decisión del presidente Gustavo Petro de convocar la consulta popular que se hundió en el Senado de la República mediante decreto.

En el comunicado difundido, el comité definió la medida como legítima y conforme a la Constitución, en respuesta a los reiterados obstáculos que han enfrentado las reformas sociales en el Congreso.

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La coalición consideró que la consulta popular constituye “un acto de profunda democracia” frente al bloqueo legislativo y político que, según afirman, ha impedido la ejecución de los cambios propuestos por el Gobierno.

“Que sea el pueblo quien defina el carácter y rumbo de las reformas sociales que han sido sistemáticamente saboteadas por una clase política que impide las transformaciones que requiere el país”, manifestaron en el texto.

El comité político remarcó que la convocatoria de la consulta popular no representa una decisión arbitraria y que corresponde a los mecanismos que la Constitución y la ley conceden al presidente.

“La consulta popular no es un acto arbitrario, es un acto de profunda democracia. Es la respuesta constitucional a un bloqueo institucional vergonzoso y a un procedimiento legislativo viciado de origen”, precisó el Pacto Histórico.

Entre los argumentos presentados, el comité denunció irregularidades en el trámite de las reformas y detalló: “Jamás se leyó concepto ni de bancada ni de partido; se respondió con un acto de fuerza; se leyó solo el texto inicial; se desconoció toda la labor parlamentaria de las reformas y sus ajustes”.

En el comunicado, el comité destacó que el presidente Petro ha actuado como lo dice la la Constitución.

“El presidente Petro, tal y como lo afirma en su defensa de defender la Constitución y las leyes, ha actuado bajo la Constitución, que da todas las facultades al presidente y al pueblo”, puntualizaron.

Finalmente, el Pacto Histórico llamó a preparar una movilización nacional “en defensa de la vida, la paz, la justicia social y la democracia”, ratificando su apoyo a la iniciativa presidencial y reiterando críticas a sectores políticos que califican como retardatarios y corruptos.

Posible escenario

Varios sectores de la oposición han anunciado que presentarán demandas contra el decreto presidencial, lo que anticipa un escenario de confrontación jurídica una vez sea expedido.

El conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso deberá ser resuelto por las autoridades electorales y judiciales.

En ese contexto, el registrador nacional, Hernán Penagos, tendrá la responsabilidad de decidir si adopta o no el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro. Mientras tanto, se espera que la Registraduría avance en la preparación de una eventual jornada electoral. También existe la posibilidad de que Penagos opte por no aplicar el decreto y espere una decisión de los tribunales.

De ser así, la Sala Quinta del Consejo de Estado sería la encargada de resolver si la consulta popular puede realizarse bajo decreto.

Por su parte, el presidente Petro ha sostenido que la decisión corresponde a la Corte Constitucional.

Según informó La Silla Vacía, el autor de la tesis jurídica que respalda la posibilidad de convocar la consulta mediante decreto es el abogado Yefferson Dueñas Gómez, exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional.

El decreto debe incluir al menos ocho artículos, entre ellos uno que fije la fecha de votación y otro que contenga las doce preguntas originalmente planteadas. Estas son las siguientes:

• ¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m.?
• ⁠¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% el trabajo en día de descanso dominical o festivo?
• ⁠¿Está de acuerdo con que las micro, pequeña y medianas empresas productivas preferentemente asociativas reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos?
• ⁠¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes?
• ⁠¿Está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores?
• ⁠¿Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral?
• ⁠¿Está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social?

• ⁠¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios?
• ⁠¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales?
• ⁠¿Está de acuerdo que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social?
• ⁠¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general?
• ⁠¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas?