Continúan las reacciones de los políticos mencionados por el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, por un presunto acaparamiento de tierras baldías y de inmuebles para reparar a víctimas del conflicto armado, denuncia que hizo en medio del consejo de ministros que lideró el el presidente de la República, Gustavo Petro, el martes de la semana pasada.
Ahora quien negó los señalamientos fue la representante a la Cámara por el departamento Córdoba del Partido de la U Ana Paola García, cuyo esposo, Félix Gutiérrez, que fue señalado de ser propietario de predios en el municipio de Buenavista, destacaron en el informativo de televisión Noticias Uno.
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“Es totalmente falso y ni mi familia ni yo tenemos algún litigio de tierras en Colombia”, afirmó en ese medio de comunicación la también presidenta Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
Agregó que su único vínculo con tierras en su departamento era con una finca de una de sus abuelas, que visitaba durante su infancia.
“Mi familia viene de unos negocios de restaurantes de hace muchos años. Después lo vendieron”, reiteró en ese noticiero.
Su voz se suma a la del también el representante a la Cámara por Santander del Partido Conservador, Luis Eduardo Díaz Mateus, a quien se le atribuye la adquisición de un terreno en el municipio de El Cerrito, en el oriente de ese departamento.
El congresista respondió públicamente y anunció que evalúa iniciar acciones judiciales contra el funcionario del Gobierno nacional, durante una entrevista concedida a La W Radio.
“No tengo nada que ocultar, el señor de la agencia nacional de tierras debe ser más precavido y revisar mejor la documentación para que haga esas insinuaciones que son de manera irrespetuosa y con esa cizaña que lo hace, no es la forma de hacerlo sin tener las pruebas necesarias”, citaron de sus declaraciones en el medio radial.
Díaz Mateus defendió la legalidad de la adquisición del predio, asegurando que la compra se realizó con recursos de procedencia demostrable y dentro de los parámetros legales. Además, criticó la falta de fundamentos jurídicos en la denuncia de Harman y exigió la presentación de pruebas antes de realizar acusaciones en espacios oficiales.
El director de la ANT afirmó que el Fondo de Reparación de Víctimas podría llegar a administrar hasta 158.000 hectáreas, una cifra que representa un incremento notable respecto a las 57.000 hectáreas actuales. Esta proyección se enmarca en el desarrollo de un decreto gubernamental que prioriza la redistribución directa de tierras, una de las apuestas centrales de la Reforma Agraria impulsada por el presidente Gustavo Petro.
La iniciativa también contempla que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) aumente su inventario de tierras de 67.000 a 428.000 hectáreas, lo que supondría una transformación en la capacidad estatal para gestionar estos recursos.
Durante la reunión del gabinete de Petro, Harman aseguró que al menos uno de cada tres congresistas tendría vínculos con ocupaciones irregulares de predios estatales.
“Son casos específicos que ya están abiertos por la Agencia Nacional de Tierras y que ya están fallados, de alguna manera, desde el punto de vista administrativo”, afirmó en esa ocasión.
El funcionario mencionó a otros legisladores: Marcos Daniel Pineda, Liliana Bitar y Juan Samy Merheg del Partido Conservador; Lidio García del Partido Liberal; Ana Paola García Soto del Partido de La U; Carlos Cuenca de Cambio Radical; y a familiares de la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático.
“Estos son los que ya están abiertos con identificación predial específica, con expediente, y evidentemente, pues, estos congresistas tienen las garantías procesales para explicar de dónde es la procedencia de esa tierra”, puntualizó el director de la ANT.
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