Reacciona uno de los congresistas señalados por el Gobierno nacional por acaparamiento de baldíos

Durante el consejo de ministros que lideró el presidente de la República, Gustavo Petro, el pasado martes 27 de mayo, intervino el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, que denunció la existencia de un “cartel de congresistas” que al parecer ha acumulado indebidamente tierras baldías, así como bienes inmuebles que están destinados para reparar a víctimas del conflicto armado.

Entre los mencionados está el representante a la Cámara por Santander del Partido Conservador Luis Eduardo Díaz Mateus por un terreno en el municipio del Cerrito, en el oriente del mencionado departamento.

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Ante el señalamiento, el congresista se defendió y anunció que analizaba que acciones judiciales iniciaría contra el funcionario del Gobierno nacional, durante una entrevista que concedió en la emisora La W Radio.

“No tengo nada que ocultar, el señor de la agencia nacional de tierras debe ser más precavido y revisar mejor la documentación para que haga esas insinuaciones que son de manera irrespetuosa y con esa cizaña que lo hace, no es la forma de hacerlo sin tener las pruebas necesarias”, recogieron de sus declaraciones en el medio radial.

Agregó que ese predio lo adquirió sin irregularidades y dentro de los parámetros legales y sostuvo que Harman no fundamentó jurídicamente la denuncia.

“Es un predio que adquirimos con recursos que están demostrados de donde salieron, esas insinuaciones que hace de manera irrespetuosa debería de por lo menos allegar evidencias para hacer esas presunciones en una alocución presidencial, eso no está bien”, insistió.

Durante la reunión del gabinete de Petro Harman aseguró que al menos uno de cada tres congresistas tendría vínculos con ocupaciones irregulares de predios de propiedad del Estado.

“Son casos específicos que ya están abiertos por la Agencia Nacional de Tierras y que ya están fallados, de alguna manera, desde el punto de vista administrativo”, aseveró durante su intervención.

Aparte del representante conservador, el director de la ANT mencionó a Marcos Daniel Pineda, Liliana Bitar, Juan Samy Merheg, de la misma colectividad. Así como a Lidio García, del Partido Liberal; Ana Paola García Soto, del Partido de La U; Carlos Cuenca, de Cambio Radical, y a familiares de la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.

“Estos son los que ya están abiertos con identificación predial específica, con expediente, y evidentemente, pues, estos congresistas tienen las garantías procesales para explicar de dónde es la procedencia de esa tierra”, sostuvo.

Las denuncias se dieron a conocer en el marco de la política de Reforma Agraria del gobierno de Gustavo Petro, que busca redistribuir tierras y promover la productividad agrícola en el país.

Pero, además, el alto funcionario mencionó al senador Javid Méndez por unas investigaciones por predios en Vichada y Valle del Cauca.

Mientras que su mención de la representante Ana Paula García se dio por el supuesto acaparamiento de tierras en Córdoba por parte de algunos de sus familiares.

El funcionario también indicó que el Gobierno nacional desarrolla un decreto que priorizará la redistribución directa de tierras, las cifras proyectadas revelan una transformación significativa en las capacidades del Estado para gestionar estos recursos.

Según Harman, al aplicar esta iniciativa, el Fondo de Reparación de Víctimas podría manejar hasta 158.000 hectáreas, un aumento considerable frente a las 57.000 actuales.

En paralelo, se prevé que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) amplíe su disponibilidad de tierras de 67.000 a 428.000 hectáreas.

El diseño de este decreto, que busca eliminar la necesidad de compras y recursos presupuestarios mediante mecanismos de transferencia directa, está siendo trabajado en conjunto con el Ministerio de Hacienda y la SAE. Este esfuerzo responde a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y tiene como objetivo agilizar los procesos de asignación de tierras.

Por otro lado, mientras se avanza en esta reglamentación, los casos vinculados a las denuncias sobre tierras permanecen bajo análisis administrativo dentro del marco del actual Gobierno, lo que evidencia un esfuerzo simultáneo en múltiples frentes para abordar una problemática que afecta a diversas regiones del país.