La Personería Distrital de Medellín confirmó la suspensión por dos meses de Hugo Alexánder Díaz Marín, exdirector de la Unidad Administrativa Especial de Buen Comienzo, tras determinar que su nombramiento y posesión violaron el régimen de inhabilidades vigente.
Díaz Marín fue nombrado el 27 de diciembre de 2021 y asumió el cargo el 4 de enero de 2022, a pesar de estar inhabilitado para ejercer funciones públicas.
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La Contraloría General de la República ya había emitido un fallo de responsabilidad fiscal en su contra el 10 de septiembre de 2021, por una conducta calificada como culpa grave, lo que lo inhabilitaba para asumir cualquier cargo público.
Según explicó Elkin Eduardo Gallego Giraldo, personero delegado para decisiones disciplinarias, Díaz Marín ya estaba notificado del fallo y figuraba en el boletín de responsables fiscales al momento de su posesión, lo que configura una violación directa al régimen de inhabilidades establecido por la ley 734 de 2002, aplicable en ese momento.
La Personería también señaló que Díaz no presentó ninguna solicitud de nulidad del fallo, lo que dejó firme la sanción fiscal.
Además, las normas vigentes, específicamente los artículos 23 y 45 de la ley 2080 de 2021, establecían que los fallos de responsabilidad fiscal tenían control automático de legalidad ante el Consejo de Estado, reforzando la validez del fallo.
La sanción impuesta a Díaz consiste en la suspensión del ejercicio del cargo por dos meses, como consecuencia directa de haber incurrido en inhabilidad al momento de su posesión.
El caso de Díaz Marín se suma a otras investigaciones que involucran a funcionarios de la administración del exalcalde Daniel Quintero.
Buen Comienzo, un programa clave de atención a la primera infancia en Medellín, quedó en el centro de la polémica tras evidenciarse este incumplimiento de las normas de acceso a cargos públicos
Cabe recordar que en febrero de 2023 se dio un importante avance judicial en la investigación sobre el presunto manejo irregular de más de $1.300 millones de pesos destinados a la educación y alimentación de la primera infancia a través del programa municipal Buen Comienzo.
En esa ocasión, la Fiscalía programó una audiencia virtual donde se pudo determinar el futuro judicial de varios implicados, entre ellos Alexandra Agudelo, secretaria de Educación de Medellín; Lina María Gil, exdirectora técnica del programa, y Henry Paulison Gómez, representante legal de la corporación Colombia Avanza, entidad vinculada a la ejecución del programa.
El caso surgió a partir de denuncias y críticas acumuladas durante tres años por parte de padres de familia y docentes, quienes alertaron sobre una disminución en la calidad del servicio prestado a los niños beneficiarios, así como posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos asignados.
Este malestar público llevó a que la Fiscalía iniciara investigaciones rigurosas para esclarecer la destinación de los fondos y determinar posibles responsabilidades.
El Colombiano realizó un diálogo con Hugo Alexander Díaz Marín, director en ese momento del programa Buen Comienzo, quien respondió a inquietudes ciudadanas sobre la gestión del programa.
Durante la conversación, Díaz Marín abordó temas críticos como los procesos de contratación, los indicadores de desnutrición infantil en Medellín, y las inversiones realizadas para mejorar la atención a la primera infancia.
Además, mostró apertura total para que los entes de control efectuaran auditorías, afirmando: “Estamos dispuestos a recibir una auditoría exprés o como lo consideren los entes de control y estamos con toda la disposición de atenderlos”.
El debate también contó con la participación del diputado de la Asamblea de Antioquia, Luis Peláez, quien criticó duramente el uso político de los programas sociales, señalando que algunos sectores “piensan que los programas de asistencia social como Buen Comienzo son para acceder a contratos, a cuotas burocráticas y pago de favores políticos”.
Por su parte, el concejal Daniel Duque, la veedora Lucía González y Piedad Patricia Restrepo, vocera de la Asociación TodosXMedellín, aportaron sus perspectivas, enfatizando la necesidad de mayor transparencia y control en la ejecución del programa.
Pese a estas críticas, Díaz Marín resaltó los resultados de una encuesta de satisfacción aplicada a 26.000 padres de familia y 3.500 agentes educativos, que arrojó una mayoría de usuarios muy satisfechos con el programa.
No obstante, esta percepción positiva contrasta con las denuncias y cuestionamientos presentados en espacios de control político, que ponen en duda la transparencia en el manejo de los recursos.
La Procuraduría también solicitó poder preferente para investigar el posible detrimento patrimonial en los contratos relacionados con la alimentación dentro del programa, lo que evidencia la magnitud y complejidad del caso.
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