Presuntos asesinos del ganadero Esteban Urueta podrían quedar en libertad: su esposa exige justicia

El lunes 26 de mayo a las 2:00 p. m., se realizará en el Juzgado Penal del Circuito de Sahagún una audiencia decisiva en el proceso judicial por el asesinato del reconocido ganadero cordobés Esteban Rafael Urueta González y sus trabajadores Fredy Beleño Acosta y Gerardo Marzola Coronado.

En esta diligencia, la defensa de los acusados, Cristian Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés, solicitará su libertad por vencimiento de términos, una figura legal que pone en riesgo que los presuntos responsables queden en libertad sin que se haya cerrado el juicio.

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El triple homicidio ocurrió el 10 de septiembre de 2024 en la vereda La Carolina, municipio de Chimá, y generó gran impacto en la comunidad ganadera local y nacional. Según las investigaciones, el móvil estaría relacionado con disputas internas derivadas de pérdidas de ganado en las fincas administradas por Cristian Petro, quien tenía una relación laboral estrecha con Esteban Urueta.

La violencia de los hechos y la brutalidad con que fueron asesinados Urueta y sus dos trabajadores dejaron una profunda herida no solo en sus familias, sino también en toda la comunidad que los conocía y respetaba.

Tras el crimen, Petro y Soto se entregaron a las autoridades y confesaron su participación, incluso revelando el lugar donde fueron ocultados los cuerpos; sin embargo, fallas en el procedimiento judicial, como la falta de una orden de captura oportuna, permitieron su liberación inicial.

Más tarde, fueron recapturados en Cartagena gracias a un operativo que incluyó el uso de drones y la revisión de más de 600 horas de grabaciones de cámaras de seguridad.

Familia de Esteban Urueta alza su voz en busca de justicia

Los procesados enfrentan acusaciones formales por homicidio agravado, porte ilegal de armas, hurto agravado y ocultamiento de material probatorio; sin embargo, ninguno de los dos ha aceptado los cargos imputados por la Fiscalía.

Ahora, la defensa judicial argumenta que se han excedido los tiempos legales establecidos para la presentación de pruebas y la continuación del proceso, por lo que solicita la libertad de sus clientes por vencimiento de términos, amparándose en el artículo 317 numeral 06 de la Ley 906 de 2004.

Este pedido ha generado una oleada de indignación entre los familiares de las víctimas y sectores políticos y ganaderos que temen que la justicia se vea truncada por fallas administrativas.

Angélica Sáez, esposa de Esteban Urueta, se pronunció a través de un video en redes sociales donde clama porque no se permita la libertad de los acusados:

“Hoy pido que se haga justicia y que estos criminales, Cristian y Juan Soto, queden en la cárcel, que no queden en libertad, porque sí representan un peligro para la sociedad, para mis hijos, para las familias de las otras víctimas y para todos los que de una u otra manera nos hemos visto afectados con esta masacre. Hoy cuento con la ayuda de todos ustedes”, expresó con voz firme.

Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, emitió un mensaje contundente en su cuenta de X: “La vida de Esteban Urueta, un joven ganadero y emprendedor, fue silenciada junto a la de sus trabajadores Fredy Beleño y Gerardo Marzola en un acto de violencia brutal. Hoy, el sistema judicial podría permitir que los responsables salgan libres por dilaciones procesales. La impunidad no puede ser la respuesta. Exigimos justicia”.

De igual manera, José Feliz Lafaure, presidente ejecutivo de Fedegan, manifestó: “Esteban Urueta, joven ganadero y empresario, fue asesinado vilmente, junto a sus trabajadores Fredy Beleño y Gerardo Marzola. Hoy sus victimarios podrían quedar en libertad por vencimiento de términos. ¡Exigimos acción inmediata a la Fiscalía y al Consejo Superior de la Judicatura”.

Mientras tanto, la audiencia programada para el lunes 26 de mayo en el Juzgado Penal del Circuito de Sahagún se llevará a cabo de forma virtual, como se ordenó en el auto judicial, y será determinante para definir si los presuntos asesinos continúan privados de la libertad o salen en libertad provisional por vencimiento de términos.