La familia de Lyan Hortúa, un niño de 11 años que estuvo secuestrado durante 18 días en Jamundí, Valle del Cauca, tomó la decisión de pagar un rescate para garantizar su liberación.
Según declaraciones de Sebastián Bonilla, tío del menor, el monto exacto de la transacción no fue revelado públicamente por motivos de seguridad, aunque el medio El Tiempo informó que la cifra podría ascender a 4.000 millones de pesos.
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Bonilla explicó que la familia actuó bajo una intensa presión emocional, marcada por la incertidumbre y el temor por la vida del niño: “Sí, tuvimos que pagar un rescate”.
De acuerdo con lo informado por La Fm, la familia decidió no informar a las autoridades sobre el pago del rescate, optando por manejar las negociaciones de manera confidencial.
Un familiar cercano asumió el rol de intermediario con los secuestradores, encargándose de coordinar tanto el monto como la entrega del dinero.
Bonilla señaló que esta decisión dejó a la familia en una situación económica crítica, pero enfatizó que la prioridad era salvaguardar la vida de Lyan. “Nos dejaron endeudados, pero lo importante era la vida del niño”, afirmó.
El secuestro, que ocurrió en un condominio de Jamundí, fue llevado a cabo por hombres armados y generó una fuerte conmoción en la comunidad local y a nivel nacional.
Aunque no se ha confirmado oficialmente la identidad de los responsables, la familia sospecha que el acto fue perpetrado por una facción de las disidencias del frente Jaime Martínez, un grupo armado que opera en la región.
Esta hipótesis se basa en el modus operandi de los secuestradores y en la ubicación geográfica del hecho. “Por el área en la que vivíamos y la forma de actuar, creemos que sí fueron ellos”, comentó Bonilla.
La liberación de Lyan trajo alivio a sus familiares, pero también dejó un sentimiento de abandono y descontento hacia las autoridades.
La falta de apoyo por parte de Gustavo Petro
Bonilla criticó la falta de apoyo institucional durante el proceso, señalando que ni el presidente Gustavo Petro ni otros representantes del gobierno se comunicaron con la familia de manera oportuna.
“Petro en ningún momento se comunicó con mi hermana, no se apropió del tema, solo publicó un trino 18 días después, cuando ya para qué”, expresó con indignación.
Además, relató que, tras el secuestro, la familia esperó más de una hora y media sin que ninguna fuerza del orden llegara al lugar. “Tuvieron que rescatarnos primero mi hermano y después nosotros mismos”, añadió.
En medio de la crisis, Bonilla reveló que un funcionario del Estado habría calificado como “razonable” la suma exigida por los secuestradores, lo que agravó aún más la situación emocional de la familia.
Este comentario, según explicó, tuvo un impacto devastador en la madre de Lyan, quien sufrió una crisis nerviosa que la llevó a ser hospitalizada en varias ocasiones en un centro psiquiátrico.
“Mi hermanita fue hospitalizada varias veces por ataques de pánico, ansiedad y estrés”, detalló Bonilla, aunque prefirió no revelar la identidad del funcionario involucrado.
“No teníamos conocimiento de que se iba a pagar un rescate”
Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, confirmó que la entidad no fue informada en ningún momento del pago del rescate ni de negociaciones con los secuestradores.
“Nosotros no participamos en mediaciones de este estilo. La familia no nos comentó sobre el pago”, señaló en entrevista con el mismo medio. Marín reiteró que la labor de la Defensoría del Pueblo es exclusivamente humanitaria: “No podríamos participar en algo así”.
De hecho, la defensora Marín afirmó que la familia le había manifestado que la liberación del menor se produjo como un gesto de paz por parte de las disidencias de las Farc. Además, reiteró que la entidad no estuvo presente ni tuvo conocimiento del pago del rescate.
“Hasta la noche de ayer no se había mencionado que hubo transacción monetaria para la liberación del menor”, también aseguró Paola Castillo, alcaldesa de Jamundí.
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