El 21 de mayo, Carlos Ramón González, cercano colaborador del presidente Gustavo Petro, tuvo una cita ante la justicia.
La Fiscalía le imputó cargos por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Carlos Ramón González no aceptó la imputación en su contra por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, lavado de activos y peculado por apropiación. “Todos son calumnias sin fundamento”, afirmó.
Por otro lado, poco después de que González no aceptara los cargos en su contra la audiencia contra el exfuncionario del Gobierno de Gustavo Petro fue suspendida debido a una calamidad familiar que afectó a uno de los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. El magistrado reprogramó la diligencia para el próximo 6 de junio.
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Finalizada la presentación de los cargos, el magistrado Rogeles otorgó la palabra a la Procuraduría para que emitiera su postura sobre el desarrollo del proceso. La entidad manifestó no encontrar objeciones a lo expuesto y seguidamente se permitió que el acusado tomara la palabra.
Al respecto, el propio Carlos Ramón González comentó lo siguiente: “Entiendo el mecanismo, la audiencia como mecanismo de comunicación, pero tengo una aclaración respecto al delito de peculado que se me está imputando”.
Por su parte, el abogado Iván Cancino, defensor del exfuncionario cuestionó si los 4.000 millones de pesos entregados habían sido entregados antes del desembolso correspondiente al contrato de carrotanques para La Guajira. En respuesta, el fiscal Sandoval explicó que esa suma provenía de un préstamo obtenido en 2023 de un tercero y que posteriormente fue entregada a Sneyder Pinilla. Añadió que el dinero fue devuelto en enero de 2024, cuando se realizó el pago del contrato.
Tras aclarar esa situación, Carlos Ramón González negó las imputaciones presentadas por el fiscal. El magistrado programó para el 6 de junio a las 9 de la mañana la audiencia en la que la Fiscalía solicitará la medida de aseguramiento con detención preventiva.
El magistrado le preguntó a Carlos Ramón González Merchán si aceptaba los cargos formulados por la Fiscalía durante la audiencia. El exfuncionario respondió: “No, honorable magistrado, no acepto los cargos dado que todos son calumnias sin fundamento”.
La audiencia fue dirigida por el magistrado Leonel Rogeles Moreno, quien comenzó a evaluar las pruebas presentadas por Gabriel Sandoval, fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema.
El fiscal Gabriel Sandoval inició la exposición detallando los tres cargos que se le imputan al exfuncionario, comenzando por el cohecho por dar u ofrecer.
Durante su intervención, explicó que, a mediados de 2023, desde su oficina en el Dapre, González supuestamente instruyó “entregar a Iván Name y Andrés Calle contratos de la UNGRD por valor de 60.000 millones de pesos para el primero, y 10.000 para el segundo, que previamente le habían ofrecido a estos con el propósito de que los mencionados legisladores brindaran un apoyo en los proyectos de ley del Gobierno que cursaban en el Legislativo”.
El fiscal Sandoval también presentó cargos por peculado, detallando la supuesta instrucción de Carlos Ramón González a Olmedo López para entregar 4.000 millones de pesos obtenidos mediante actos corruptos en la Ungrd. Según la Fiscalía, para reunir ese dinero se habrían negociado contratos, entre ellos uno de 40 carrotanques destinados a La Guajira, valorado en 46.800 millones de pesos. Este contrato fue adjudicado al empresario Luis Eduardo López, también vinculado al proceso, quien habría ofrecido un soborno del 14 por ciento para asegurar la adjudicación.
Finalmente, el fiscal Sandoval concluyó su intervención diciendo lo siguiente: “El monto del peculado determinado por usted, Carlos Ramón González, en favor de los terceros Iván Name y Andrés Calle, es de 4.000 millones de pesos”.
El presunto delito de lavado de activos estaría relacionado con un acuerdo inicial durante un almuerzo para entregar dinero a Iván Name. Posteriormente, en la Casa de Nariño, Sandra Ortiz consultó a Olmedo López si ya había hablado con González sobre la entrega del dinero, aclarando que su gestión solo involucraba a Name y no a Calle. Para sustentar esta acusación, se describió cómo Ortiz salió de Residencias Tequendama el 12 de octubre de 2023 para llevar 1.500 millones de pesos a Iván Name, y cómo, después, Sneyder Pinilla le entregó la misma suma para que se la entregara nuevamente al senador.
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