Contraloría exigió a la Armada Nacional explicaciones por contratos adjudicados a cambio de millonarios pagos

El despacho del contralor delegado para el sector Defensa y Seguridad, Luis Enrique Abadía García, envió el miércoles 21 de mayo un oficio dirigido al máximo comandante de la Armada Nacional, en el que solicita información contractual urgente relacionada con posibles hechos de corrupción al interior de la institución.

La medida responde a los hallazgos divulgados por Caracol Radio, que reveló indicios de una red ilegal integrada por funcionarios y contratistas, quienes habrían direccionado contratos públicos a cambio del pago de millonarias coimas.

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En el oficio, Abadía señala que los contratos bajo observación están relacionados con sectores como servicios médicos, aseo, mantenimiento de instalaciones militares, procesos de desinfección, cámaras de seguridad y químicos para piscinas.

La Contraloría considera necesario obtener documentación precisa para determinar el alcance de las posibles anomalías.

Las seis exigencias de la Contraloría a la Armada

El contralor delegado estructuró seis puntos específicos en su solicitud, con el objetivo de verificar la legalidad y transparencia de los procesos:

1. Relación detallada de contratos: se pide una lista completa de los contratos firmados entre los años 2020 y 2025, en las áreas mencionadas.
2. Documentación técnica y jurídica: se solicita copia de estudios previos, pliegos de condiciones, actas de adjudicación, contratos y sus modificaciones.
3. Identificación de contratistas: Deben ser precisados los nombres y datos de las empresas o consorcios adjudicatarios.
4. Información sobre interventores y supervisores: se requiere identificar a los funcionarios encargados de vigilar la ejecución de los contratos.
5. Mecanismos de control interno: la Armada deberá detallar los sistemas utilizados para hacer seguimiento a los procesos contractuales.
6. Informes de inspección: Se pide entregar cualquier revisión o informe generado por la inspección interna de la Armada en relación con los contratos objeto de análisis.

La solicitud incluye una advertencia clara: toda esta información debe ser remitida en un plazo máximo de dos días hábiles contados desde el momento de la recepción del oficio.

La Fiscalía ya investiga el caso

El requerimiento de la Contraloría se da en paralelo a una investigación penal en curso. La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a dos personas que, según el ente acusador, lideraban una estructura delictiva para manipular contrataciones dentro de la Armada: el teniente de fragata Miguel Ángel Villanueva y la exasesora jurídica Nelcy Herrera.

Las interceptaciones telefónicas reveladas por Caracol Radio han sido claves en el proceso judicial. En una de las grabaciones, Herrera expresa entre risas: “Nos robamos el proceso de los químicos, nos robamos el proceso de repuestos”. A ambos se les acusa de concierto para delinquir, cohecho propio, interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito.

Uno de los contratos bajo escrutinio corresponde a un proceso de mantenimiento del dispensario médico de la Armada en Bogotá, por más de $1.200 millones, adjudicado al consorcio C&S, liderado por Germán David Banqueth. Otro contrato por $682 millones en Inírida también está siendo revisado.

Respuesta esperada y vigilancia institucional

La Contraloría advierte que esta solicitud hace parte de las “actuaciones administrativas a que haya lugar dentro de nuestra competencia institucional”. Por tanto, la documentación que remita la Armada será fundamental para establecer si hubo negligencia, omisión o participación activa de funcionarios públicos en actos ilícitos.

El caso ha causado preocupación dentro de las Fuerzas Militares y entre los entes de control del Estado. Aunque la Armada Nacional aún no ha emitido un pronunciamiento oficial, informó que está revisando los contratos uno a uno y que colaborará con las autoridades judiciales y administrativas en todo lo necesario.

Mientras tanto, la exigencia de la Contraloría busca esclarecer la legalidad de los contratos ya adjudicados y prevenir que este tipo de hechos se repitan en una institución encargada de garantizar la soberanía y seguridad del país.