Con 19 votos a favor y 2 en contra, la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate un proyecto de ley que contempla la reducción gradual del impuesto conocido como 4x1000 en Colombia.
Esta iniciativa legislativa, que ha sido objeto de discusión durante años, propone el desmonte progresivo del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), con el objetivo de eliminar completamente este tributo en un plazo de diez años, comenzando en 2027 y finalizando en 2035.
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El proyecto cuenta con el respaldo de un grupo multipartidista de congresistas, entre los que se encuentran Christian Garcés (Centro Democrático), Katherine Miranda (Partido Verde) y Antonio Zabarain (Partido de la U), que lideran la propuesta con el argumento de que el 4x1000 representa una carga financiera para los ciudadanos, las empresas y los emprendedores, especialmente en contextos de recuperación económica.
El representante Wilmer Castellanos, del Partido Verde, confirmó la aprobación del proyecto y detalló su contenido.
“En Comisión III de la @CamaraColombia aprobamos 3 proyectos de ley y dimos un paso importante hacia la eliminación progresiva del 4x1000. Presentamos y sustentamos una proposición para que este gravamen comience a reducirse desde 2027 con una tarifa del 0.25, manteniéndose en 2028, luego a 0.5 desde 2029 hasta 2035, y desapareciendo completamente después de esa fecha”, escribió el congresista en su cuenta de X.
Según el cronograma presentado, la reducción del impuesto iniciaría en 2027 con una tasa del 0,375%, lo que se traduce en una disminución de 0,25x1.000 sobre el valor actual. Para 2028, la tarifa se mantendría en ese mismo nivel, y a partir de 2029, el impuesto seguiría reduciéndose de manera escalonada en 0,5x1.000 (0,05 puntos porcentuales) cada año. De este modo, para 2029 el gravamen sería de 3x1.000, en 2030 de 2,5x1.000, y así sucesivamente hasta llegar a 0x1.000 en 2035.
En términos prácticos, la aplicación de esta medida tendría efectos directos sobre las transacciones financieras realizadas por los ciudadanos. Actualmente, por cada millón de pesos transferido, el impuesto es de 4.000 pesos. Con la entrada en vigor del primer ajuste en 2027, ese valor pasaría a 3.750 pesos. En 2028, el monto del tributo sería de 3.500 pesos, y en los años posteriores continuaría disminuyendo gradualmente hasta llegar a cero.
El representante Christian Garcés, uno de los principales promotores del proyecto, se refirió a la aprobación en estos términos: “Una propuesta responsable para impulso de la reactivación económica, aliviar carga a empresas y emprendedores, fomentar la inclusión financiera y lo más importante: sin afectar las finanzas del país”.
Qué es el impuesto del 4x1000: inició como una medida temporal, pero que se quedó
El 4x1000, también conocido como GMF, fue establecido en 1998 como una medida temporal con el objetivo de enfrentar una crisis financiera que afectaba al país en ese momento; sin embargo, con el paso del tiempo, el impuesto fue prorrogado y se convirtió en una fuente permanente de ingresos para el Estado. Desde su implementación, ha sido objeto de amplios debates, tanto en el ámbito político como en el económico, por sus implicaciones sobre el ahorro, el uso de servicios financieros formales y la bancarización.
El impuesto, aunque puede parecer una cantidad pequeña, en el tiempo se acumula. Por ejemplo, una persona que cada mes retira $2.000.000 pagará $8.000 de 4x1000. En un año, eso suma casi $100.000. En el caso de las empresas, el impacto es mucho mayor, especialmente si tienen un alto volumen de transacciones.
El avance del proyecto representa una etapa inicial en el proceso legislativo, que ahora deberá continuar con el segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. En caso de ser aprobado, deberá pasar por el Senado, donde se realizarán nuevos análisis y votaciones antes de convertirse en ley.
El proyecto, al obtener el respaldo en primer debate, reavivó el interés ciudadano sobre la viabilidad y la pertinencia de desmontar impuestos que afectan de manera directa las transacciones cotidianas. La discusión en los próximos debates legislativos incluirá, con seguridad, un análisis detallado de los costos fiscales, los beneficios para los distintos sectores productivos y el impacto sobre los procesos de inclusión financiera.
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