Un total de cuarenta familias que residen en el asentamiento humano Los Puentes, en el casco antiguo de Floridablanca, enfrentan un futuro incierto debido a los riesgos de inundaciones, deslizamientos y colapsos estructurales asociados a su proximidad a la quebrada La Ronda.
Según informó la Defensoría del Pueblo, el próximo lunes 19 de mayo se llevará a cabo una reunión con diversas autoridades para evaluar los avances en el proceso de reubicación ordenado por el Tribunal Administrativo de Santander.
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De acuerdo con la sentencia emitida el pasado 20 de febrero, el Tribunal determinó que las autoridades de Floridablanca debe implementar medidas inmediatas para garantizar la seguridad de estas familias.
Entre las acciones ordenadas se encuentra la realización de un censo y una caracterización de la comunidad afectada en un plazo de dos meses, así como la reubicación definitiva de los hogares en un periodo máximo de dos años.
La sentencia busca priorizar a las familias que enfrentan un riesgo inminente debido a su ubicación en la zona de protección de la cuenca hidrográfica de la quebrada.
El defensor del Pueblo de la Regional Santander Jesualdo Arzuaga Ramírez convocó a representantes del Municipio y del Banco Inmobiliario de Floridablanca a un comité de verificación que se realizará en las instalaciones de la Defensoría.
Durante esta reunión, las entidades deberán presentar un informe detallado sobre los avances en el cumplimiento de las órdenes judiciales.
Según consignó la Defensoría, la administración local tiene la responsabilidad de ejecutar las medidas necesarias para garantizar la reubicación, mientras que el papel de la Defensoría se limita a acompañar el proceso, emitir recomendaciones y realizar actuaciones propositivas.
En un comunicado oficial, Arzuaga Ramírez subrayó la importancia de proteger los derechos de las familias afectadas y de evaluar de manera imparcial el grado de cumplimiento de la sentencia.
“Me permito invitarlos con el fin último de lograr la protección efectiva de los derechos involucrados, siendo nuestro deber de forma responsable e imparcial evaluar el grado de ejecución de la decisión”, expresó el defensor en el oficio dirigido a las autoridades convocadas.
El Tribunal Administrativo de Santander estableció tres directrices principales para abordar la problemática.
En primer lugar, se ordenó la actualización del censo de viviendas y familias, con el objetivo de identificar a quienes enfrentan mayores riesgos.
En segundo lugar, se dispuso la reubicación prioritaria de las familias en peligro inminente de deslizamientos, derrumbes o inundaciones. Finalmente, se enfatizó la necesidad de garantizar una solución permanente de vivienda para las familias ubicadas en las zonas de mayor vulnerabilidad.
El asentamiento Los Puentes, ubicado en las inmediaciones de la sede de la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca, ha sido identificado como una zona de alto riesgo debido a su proximidad a la quebrada La Ronda, cuyo cauce representa una amenaza constante para quienes habitan en sus alrededores.
Diversos informes técnicos y advertencias de la comunidad han coincidido en señalar las condiciones precarias del terreno, lo que ha generado preocupación tanto en los organismos de control como en el ámbito judicial.
En respuesta a esta situación, el Tribunal Administrativo de Santander emitió una sentencia en segunda instancia en la que ordena la reubicación de cerca de cuarenta familias que residen en el lugar, con el objetivo de proteger su integridad física y garantizar el respeto por sus derechos fundamentales.
La medida judicial contempla una serie de acciones específicas que deben ser ejecutadas por las autoridades locales para asegurar un traslado digno y oportuno.
La reunión programada para el próximo lunes será determinante para evaluar el estado de cumplimiento de las órdenes impartidas por el Tribunal.
Se espera que durante el encuentro se presenten avances concretos por parte de la administración municipal, especialmente en lo que respecta al diseño e implementación del plan de reubicación.
La Defensoría del Pueblo, que ha seguido de cerca el proceso, ha reiterado su preocupación por los posibles retrasos en la ejecución de las medidas y ha solicitado a las autoridades competentes entregar información detallada, verificable y actualizada sobre las gestiones realizadas hasta la fecha.
El organismo ha insistido en que se trata de un asunto prioritario en materia de derechos humanos, y ha subrayado la necesidad de que la intervención estatal se ajuste a los tiempos establecidos judicialmente para evitar mayores riesgos a las familias afectadas.
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