La senadora Esmeralda Hernández, integrante del Pacto Histórico, expresó su preocupación por el futuro de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro, señalando que su reciente reactivación en el Congreso podría ser parte de una estrategia política para evitar una consulta popular sobre el tema.
Según declaraciones de Hernández a W Radio, la reforma permaneció archivada durante nueve semanas tras su hundimiento inicial, a pesar de que el congresista Fabián Díaz había presentado una apelación que no fue tramitada en ese tiempo.
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Para la senadora, este retraso buscaba impedir que la ciudadanía tuviera la oportunidad de pronunciarse directamente sobre los cambios propuestos en materia laboral.
De acuerdo con Hernández, la decisión de remitir la reforma a la Comisión Cuarta del Senado, que no tiene competencias específicas en temas laborales, representa una maniobra para diluir el alcance del proyecto.
En sus palabras, esta acción constituye una “burla” y un “chiste”, ya que desvía la atención de los problemas estructurales que afectan a los trabajadores colombianos.
Además, advirtió que la reforma podría terminar siendo una versión superficial, similar a la “mini reforma” presentada anteriormente por el Partido Liberal, que solo contemplaba cambios menores y dejaba de lado transformaciones profundas necesarias para garantizar condiciones laborales dignas.
La senadora también criticó el papel de la senadora Angélica Lozano, presidenta de la Comisión Cuarta, la cual acusó de liderar la estrategia para hundir la consulta popular.
Aunque Lozano había manifestado públicamente su apoyo tanto a la consulta como a la apelación presentada por Díaz, su ausencia en la votación decisiva fue interpretada por Hernández como una falta de coherencia y compromiso con los derechos laborales.
Según Hernández, esta ausencia, sumada al envío de la reforma a una comisión sin experiencia en el tema, refleja un intento de debilitar el contenido de la reforma y restringir la participación ciudadana en decisiones clave para el país.
En este contexto, Lozano anunció que el lunes 19 de mayo se llevará a cabo una audiencia pública en la que participarán trabajadores, sindicatos, empresarios y representantes de la academia.
Este espacio tiene como objetivo recoger propuestas concretas y escuchar las inquietudes de los sectores involucrados, con el fin de enriquecer la ponencia que será presentada posteriormente. Según Lozano, este paso es esencial para garantizar un debate inclusivo y representativo.
Por otro lado, el expresidente y líder del Partido Liberal, César Gaviria, declaró su intención de liderar la construcción de la reforma laboral tras el fracaso de la consulta popular.
Gaviria subrayó que el Congreso tiene la responsabilidad de devolver a los trabajadores derechos como las horas extras y los feriados, destacando la importancia de este proyecto para diversos sectores políticos y sociales.
Según la Comisión Cuarta, este enfoque busca enviar un mensaje de unidad y disposición al diálogo entre las diferentes bancadas políticas.
La composición de la Comisión Cuarta, integrada por representantes de partidos como el Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Liberal y el Pacto Histórico, plantea un escenario de negociación complejo para el Ejecutivo.
Las posiciones frente a la consulta popular estuvieron divididas entre sus miembros. Por ejemplo, Aída Avella (Pacto Histórico) y Laura Fortich (Partido Liberal) votaron a favor, mientras que Carlos Abraham Jiménez (Cambio Radical) y Carlos Meisel (Centro Democrático) se opusieron. Otros integrantes, como Diela Liliana Benavides (Partido Conservador) y Richard Fuelantala (Aico), no participaron en la votación.
Hernández también alertó sobre los tiempos legislativos limitados para la aprobación de la reforma, que aún debe superar cuatro debates: dos en el Senado y dos en la Cámara de Representantes, además de un proceso de conciliación para unificar los textos aprobados en ambas cámaras.
Según la senadora, esta situación podría llevar a que la reforma sea aprobada de manera apresurada y despojada de los elementos esenciales para resolver los problemas estructurales del mercado laboral en Colombia.
La senadora enfatizó que el hundimiento de la consulta popular no solo representa un revés para la reforma laboral, sino un golpe a la posibilidad de que los colombianos definan directamente el rumbo de las políticas.
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