Las tensiones entre el presidente Gustavo Petro y el Congreso de la República se intensificaron esta semana, luego de que el Senado rechazara la solicitud del Gobierno para convocar una consulta popular sobre la reforma laboral.
En respuesta, el mandatario anunció que volverá a presentar la iniciativa, esta vez con una nueva pregunta enfocada en la reducción del precio de los medicamentos en el país.
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Según explicó Petro a través de su cuenta en la red social X, la consulta buscará habilitar al Estado colombiano para adquirir y producir medicamentos esenciales, especialmente aquellos dirigidos al tratamiento de enfermedades prevalentes en la población.
El objetivo, afirmó, es garantizar el acceso equitativo y asequible a tratamientos que actualmente representan una carga económica para muchos ciudadanos.
“Que baje el precio de los medicamentos en el país y permita al Estado comprar y producir los medicamentos esenciales y los de las principales enfermedades que padecen las personas”, escribió Petro en su publicación, acompañada de una caricatura con una referencia crítica al senador Ciro Ramírez, miembro de la oposición.
La decisión del mandatario se produce luego de calificar como fraudulento el trámite legislativo que frustró la primera consulta. Petro aseguró que durante la votación en el Senado se presentaron irregularidades y acusó al presidente del Congreso, Efraín Cepeda, de haber cometido un “posible delito”.
“49 senadores no son mayoría y no dejaron votar a la mayoría”, denunció. El jefe de Estado pidió a la Corte Suprema de Justicia que investigue lo ocurrido.
El mandatario también ha hecho un llamado a las organizaciones populares para que se reúnan este fin de semana del 17 al 18 de mayo en las plazas municipales del país y voten un paro nacional.
Este movimiento busca presionar al Congreso y generar apoyo ciudadano para las reformas que el Gobierno considera esenciales.
La reforma laboral, que busca mejorar las condiciones de los trabajadores, ha sido una de las principales banderas de la administración Petro, pero su avance ha enfrentado múltiples obstáculos en el Congreso, donde la oposición ha cuestionado tanto su contenido como el procedimiento para su aprobación.
De acuerdo con lo informado, el Senado rechazó la consulta popular el pasado miércoles 14 de mayo, con 49 votos en contra y 47 a favor.
Tras esta decisión, el gobierno anunció que emprenderá acciones legales contra el presidente del Senado, Efraín Cepeda, y el secretario general, Diego Alejandro González, a quienes acusa de irregularidades en el proceso.
Además, desde la Casa de Nariño, se ha hablado de un supuesto fraude, aunque hasta el momento no se han presentado evidencias suficientes para sustentar esta afirmación.
En su publicación, Petro afirmó que “dinero fluyó para que miembros del Senado obstruyeran el derecho de la gente que trabaja a un mejor vivir”.
También señaló que ninguna institución es legítima si actúa en contra del interés general.
Estas declaraciones han generado un ambiente de tensión política, especialmente porque el mandatario ha convocado a manifestaciones en todo el país en respuesta a la decisión del Senado.
El presidente también hizo un llamado a la Corte Constitucional para que no invalide la reforma pensional, actualmente en revisión por posibles vicios de trámite durante su aprobación en la Cámara de Representantes.
Petro expresó su esperanza de que el espíritu de la Constitución de 1991 guíe al alto tribunal y permita salvar a millones de personas mayores de la precariedad.
“Elegir personas capaces de hacer daño a millones de personas es un verdadero suicidio. No elijan más a los verdugos”, escribió el mandatario en su mensaje.
En otro apartado de su publicación, Petro reiteró su llamado a la huelga nacional, argumentando que la Constitución garantiza este derecho a los trabajadores.
Según el presidente, los ciudadanos tienen la facultad de exigir a sus empleadores que cesen el financiamiento de congresistas que legislan en contra de los intereses de los empleados.
Petro incluso sugirió que una huelga nacional indefinida podría ser necesaria si el Estado continúa alejándose de las necesidades de la sociedad.
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