La Fiscalía General de la Nación comunicó que la Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, a 12 años, dos meses y un día de prisión, tras hallarlo responsable de delitos relacionados con contratos en proyectos escolares.
Castillo ya ha enfrentado procesos judiciales no solo por este caso, sino por posibles nexos con grupos armados como el ELN e irregularidades. En 2023 había quedado libre por vencimiento de términos.
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Ahora, las autoridades determinaron su condena por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en relación con la contratación de mobiliario escolar, insumos agropecuarios y material pedagógico durante su primer mandato (2012-2015).
El comunicado oficial indicó que la decisión fue adoptada por la Sala Especial de Primera Instancia, que además le impuso al exmandatario una multa de 336 salarios mínimos legales vigentes y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 154 meses.
La sentencia ordena que Castillo cumpla la pena en un establecimiento carcelario.
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que dos contratos —firmados en diciembre de 2012 y octubre de 2013— se tramitaron con estudios previos incompletos y basados en información falsa.
“Se usaron documentos ficticios para simular legalidad y favorecer a oferentes específicos”, señaló la Corte en su fallo.
Las contrataciones, de acuerdo con lo que informó la Fiscalía, además, fueron adjudicadas mediante subasta inversa presencial, un procedimiento que, según la sentencia, fue manipulado con requisitos habilitantes desproporcionados que impidieron la participación libre de otros proponentes.
Aunque Castillo fue absuelto del delito de peculado por apropiación agravado, la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema apeló esta parte del fallo.
El ente acusador insiste en que hay pruebas periciales suficientes para demostrar que hubo sobrecostos de $619 millones en el primer contrato y de $1.453 millones en el segundo, lo que habría representado una apropiación indebida de recursos públicos.
En agosto de 2024 la Procuraduría había formulado pliego de cargos
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en su contra y contra cinco exfuncionarios más por presuntas irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en medio de la emergencia sanitaria por la COVID-19.
Según la entidad de control, durante la ejecución del contrato para el suministro de alimentos a estudiantes, se habría generado un sobrecosto de $1.783 millones. De ese monto, al menos $898 millones corresponderían al valor inflado de raciones para consumo en el hogar, distribuidas entre abril de 2020 y 2021 por el contratista.
En el proceso también fueron implicados William Arévalo Quintero y Maricel Ortiz Ramírez, exsecretarios de Educación; Uriel Niño López, exgerente de Contratación; Holman Jefrey Ruiz Puerta, supervisor del contrato; y Diana Susi Mahecha Herrera, representante legal de Invida SAS, la firma encargada de la interventoría.
De acuerdo con la Procuraduría, el contrato “se habría firmado sin que previamente se exigieran estudios técnicos y financieros precisos, serios y completos que justificaran el valor de las raciones”, lo que habría facilitado la apropiación indebida de recursos públicos y afectado gravemente la transparencia del proceso.
El Ministerio Público sostuvo que las acciones de los involucrados “podrían haber infringido los principios de economía y responsabilidad en la contratación pública”, comprometiendo así la eficiencia del manejo de los fondos destinados al programa.
Además, se detectaron irregularidades en la publicidad del contrato, la ejecución de adiciones presupuestales y los mecanismos de modificación, que no habrían cumplido con los requisitos de transparencia y justificación técnica.
La Procuraduría fue enfática en señalar que “no se priorizó la necesidad de maximizar el uso eficiente de los recursos públicos con los que se financiaría el suministro del complemento alimentario para los niños, niñas y adolescentes beneficiarios del programa, que son sujetos de protección especial por parte del Estado”.
Como resultado de estos hallazgos, se formularon dos cargos disciplinarios calificados como faltas gravísimas contra Castillo Cisneros y los exsecretarios Arévalo y Ortiz.
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