Corte Suprema confirmó primera condena en el país por maltrato animal: hombre atacó a un perro con un machete

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena impuesta a un ciudadano por el delito de maltrato animal, al avalar la decisión del Tribunal Superior de Bucaramanga en el caso conocido como “Chéster”.

Este pronunciamiento se convirtió en el primer desarrollo jurisprudencial que culmina en una condena en Colombia respecto a este tipo de delitos.

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“Por primera vez, la #SalaPenal de la @CorteSupremaJ se pronuncia sobre caso de maltrato animal y deja en firme condena contra hombre que hirió con un machete al perro Chéster”, comunicó oficialmente la Corte Suprema de Justicia en sus canales oficiales.

“La Sala consideró que los derechos que se han reconocido a los animales implican aceptar la innegable interacción del ser humano con ellos en las múltiples facetas de su vida”, reza la comunicación del alto tribunal.

El hecho fue dado a conocer a través de las redes sociales por abogado panelista y profesor de la Universidad del Rosario, Francisco Bernate.

Bernate comunicó que los hechos se remontan al 5 de noviembre de 2020, cuando el procesado, identificado con las iniciales G.R.T., atacó con un machete al perro “Chéster”.

Con el contundente impacto, el condenado le provocó un trauma craneoencefálico severo y pérdida parcial de la visión al canino. La denuncia fue presentada por la hermana del agresor.

De acuerdo con lo que dijo el también panelista, durante el proceso judicial, el acusado negó los cargos y aseguró haber actuado en defensa propia, bajo el argumento de que otro perro lo había atacado. Entonces, en primera instancia fue absuelto el responsable, debido a dudas en la valoración probatoria.

Pero la historia cambió cuando el Tribunal Superior de Bucaramanga revocó la absolución y lo halló culpable. La pena que fue impuesta se tradujo en una condena de 15 meses de prisión, inhabilidad para realizar actividades relacionadas con animales, y el pago de una multa equivalente a 11.875 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Las leyes Ángel y Lorenzo: garantías para las mascotas

En un acto simbólico realizado en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño el 23 de abril de 2025, el presidente Gustavo Petro sancionó dos nuevas leyes que representan un paso firme en la protección de los derechos de los animales en Colombia.

Se trata de la Ley Ángel y la Ley Lorenzo, ambas impulsadas por trágicas historias de maltrato que generaron indignación en la opinión pública y motivaron un replanteamiento legislativo.

La Ley Ángel (2455 de 2025) tiene su origen en el caso de un perro brutalmente agredido en Saboyá, Boyacá, en 2021. Ángel fue víctima de un ataque que le arrancó el 80 % de la piel con un arma blanca.

Aunque sobrevivió por algunos meses gracias a la ayuda de organizaciones y donantes, falleció por la gravedad de sus heridas.

El agresor permanecía en libertad, lo que generó presión para que el caso no quedara impune. Esta ley “actualiza el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y busca fortalecer la lucha contra el maltrato animal”.

Entre sus medidas clave, prohíbe a personas condenadas por maltrato tener, cuidar o refugiar animales. Aumenta las penas por causar la muerte intencional a un animal a entre 32 y 56 meses de prisión, multas de hasta 60 salarios mínimos, y penas de inhabilidad profesional por cinco años.

Las lesiones también se sancionan con cárcel y multas severas. Además, se consideran agravantes factores como la presencia de menores o el hecho de que el agresor sea servidor público. La ley faculta a la Policía Nacional para ingresar a domicilios cuando un animal esté en riesgo.

Por su parte, la Ley Lorenzo responde al caso de un perro de vigilancia en Bogotá, viralizado en 2022 tras evidencias de maltrato y condiciones laborales inadecuadas.

Esta norma impone obligaciones estrictas a las empresas que usan caninos para seguridad privada, como ofrecer nutrición adecuada, recreación mínima semanal de hasta 28 horas, y la prohibición de bozales o collares lesivos.

También establece una edad máxima de servicio de seis años y promueve el reemplazo progresivo de animales por tecnologías.