La muerte de 41 uniformados entre enero y marzo de 2025, según cifras oficiales del Ministerio de Defensa, no solo marcó un récord trágico en el inicio del año, también encendió las alarmas por el incremento sostenido de ataques a la fuerza pública. Aunque el país ya presenciaba desde el año anterior una curva ascendente en afectaciones a militares y policías, el primer trimestre de 2025 se convirtió en el más violento de los últimos siete años. Este panorama plantea serios cuestionamientos sobre las causas estructurales y coyunturales que desencadenaron esta escalada de violencia.
A pesar de los esfuerzos institucionales por contener a los actores armados ilegales, el país es testigo de cómo organizaciones como el Clan del Golfo intensifican su ofensiva armada. De hecho, antes de concluir abril, la cifra de homicidios aumentó con al menos 23 asesinatos adicionales atribuidos a un nuevo plan pistola de este grupo criminal. Esto sugiere no solo una coordinación armada bien estructurada, sino una estrategia de presión contra el Estado y sus agentes en el territorio.
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El impacto del conflicto sobre la fuerza pública se hizo más notorio tras los intentos fallidos de negociación y acercamiento con algunos grupos ilegales. La inclusión del Clan del Golfo en la llamada Paz Total es motivo de controversia. Aunque la organización manifestó su intención de ser parte de este proyecto, la continuidad de su accionar violento generó profundas críticas a la viabilidad de ese enfoque. “Una fantasía improvisada, diseñada sin cabeza militar, sin inteligencia estratégica, sin una hoja de ruta realista”, fue la dura sentencia del expresidente César Gaviria sobre esta política gubernamental.
El Gobierno respondió anunciando medidas extraordinarias de seguridad para los agentes del orden, muchas de las cuales fueron abordadas durante el Consejo de Ministros. Ya se había anticipado un reforzamiento de las operaciones ofensivas contra el Clan del Golfo, incluyendo la reactivación de la operación Agamenón, que en la última década es uno de los principales instrumentos del Estado para golpear a esa organización, heredera de estructuras paramilitares desmovilizadas.
Pese a ello, el presidente Gustavo Petro sostuvo que la narrativa de caos es más un argumento de sus opositores que una realidad verificable. “Hay una leve tendencia a disminuir, pero es muy leve para sentirnos victoriosos. No hay un caos de violencia en este Gobierno, eso es mentira política y mediática, simplemente no hemos podido bajar los niveles de Duque”, afirmó durante una alocución. Sus declaraciones, sin embargo, son cuestionadas por sectores que consideran que la situación de orden público se deterioraron en varios frentes del país.
Los datos históricos del Ministerio de Defensa permiten ver una evolución preocupante y sostenida en el tiempo. Aunque el pico más alto de agresiones contra la fuerza pública se registró en 2021, con un total de 1.250 casos que incluyeron tanto muertes como lesiones, durante 2024 la cifra volvió a incrementarse de manera significativa, tras dos años consecutivos de relativa calma y disminución en los niveles de violencia.
En total, se registraron 582 uniformados afectados, de los cuales 99 fueron asesinados y 483 resultaron heridos, lo que representa un aumento del 24% frente a 2023, según cifras oficiales divulgadas por el Ministerio de Defensa.
En los registros del primer trimestre de 2025, se reporta que de los 41 uniformados asesinados, 26 eran miembros de las Fuerzas Militares y 15 pertenecían a la Policía Nacional. Esto evidencia que la amenaza no distingue jerarquías ni especialidades dentro de la estructura de seguridad del Estado, y afecta por igual a soldados en zona rural como a patrulleros en entornos urbanos.
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