José Félix Lafaurie se fue contra la JEP por supuestos sesgos con las Fuerzas Militares: “Ni siquiera guarda las apariencias”

José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) y exministro de Agricultura, se fue duramente contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), acusándola de actuar con sesgos en contra de las Fuerzas Militares y de favorecer a los antiguos líderes de las Farc.

Según su más reciente columna de opinión publicada en Minuto 30, la reciente decisión de la JEP de otorgar una amnistía simbólica a Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, es un ejemplo de lo que considera una justicia transicional que promueve la impunidad.

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Palmera, que cumple una condena de 60 años en Estados Unidos por el secuestro de tres ciudadanos estadounidenses, habría recibido esta amnistía por delitos que en Colombia le habrían significado 40 años de prisión.

De acuerdo con Lafaurie, Palmera está involucrado en otros procesos judiciales, como el secuestro y asesinato de Consuelo Araújo y la masacre de Bojayá.

Sin embargo, la JEP ha señalado que estos casos pasarán a una “instancia de evaluación rigurosa” para determinar si son amnistiables o si se le vincula a un macrocaso.

Para el dirigente gremial, este tipo de evaluaciones no son más que un paso previo hacia lo que describe como “impunidad disfrazada de justicia restaurativa”, una situación que, según él, ya disfrutan otros exlíderes de las Farc que actualmente ocupan escaños en el Congreso.

“¡Qué más da!, si el resultado final sería impunidad disfrazada de “justicia restaurativa”, que sí disfrutarán sus camaradas hoy sentados en el Congreso”, señaló el líder ganadero.

En su columna de opinión, Lafaurie también cuestionó el reciente convenio firmado entre la JEP y la Agencia para la Reincorporación y Normalización, que cuenta con un presupuesto inicial de 50.000 millones de pesos. Este acuerdo busca financiar proyectos de memoria, reparación simbólica y otras actividades que permitirían a los excombatientes cumplir sus condenas en libertad.

Para Lafaurie, este tipo de iniciativas representan un uso inadecuado de los recursos públicos y un mensaje de indulgencia hacia quienes cometieron graves crímenes.

“Para que estos asesinos, secuestradores, reclutadores y violadores de niños, cumplan en libertad sus condenas en proyectos de memoria, reparación simbólica y otras veleidades”, continuó el líder gremial.

El dirigente ganadero también criticó la gestión de la JEP en sus siete años de funcionamiento, señalando que, a pesar del tiempo transcurrido, la entidad no ha dictado una sola sentencia condenatoria.

Según Lafaurie, esto contrasta con el juicio de Palmera en Estados Unidos, que se resolvió en apenas cuatro semanas. Además, destacó que, desde su creación, la JEP ha tramitado 4.238 amnistías adicionales a las 9.700 otorgadas por el gobierno de Juan Manuel Santos hasta 2018.

Incluso, el también empresario se refirió al estudio realizado por la ONG Hijos de los Héroes en el que se señala que la JEP ha enfocado gran parte de su gestión comunicacional y presupuestaria en el macrocaso 03, relacionado con los falsos positivos adelantados por las Fuerzas Militares, mientras que ha dedicado pocos recursos al macrocaso 01, que aborda los secuestros y otros crímenes cometidos por las Farc.

Según el informe, la JEP habría gastado 852 millones de pesos en difundir información sobre el macrocaso 03, frente a solo 170 millones destinados al macrocaso 01.

“Esa es la JEP, que ni siquiera guarda las apariencias frente a sus evidentes sesgos. Además de las 9.700 amnistías otorgadas por Santos hasta 2018, la JEP ha tramitado 4.238 más, pero no ha dictado una sola sentencia condenatoria”, continuó en su columna para Minuto 30.

Lafaurie también cuestionó el costo financiero de la JEP para el país. Según sus declaraciones, entre 2018 y 2024, la jurisdicción ha representado un gasto de 2.4 billones de pesos, cifra que aumentará a más de 3.2 billones con el presupuesto aprobado para 2025.

Además, recordó que la JEP tiene previsto operar durante 13 años más, lo que, en su opinión, representa una carga económica significativa para el Estado.

En su análisis, Lafaurie concluyó que la amnistía otorgada a Simón Trinidad es un reflejo de lo que considera una justicia transicional que prioriza los intereses de los antiguos líderes de las Farc sobre los derechos de las víctimas.

Para él, la JEP no solo ha fallado en cumplir con su propósito de garantizar justicia, sino que también ha contribuido a un deterioro en la percepción de seguridad y justicia en el país desde la firma del acuerdo de paz.