
En la madrugada del 27 de abril, hombres de las disidencias de las Farc al mando de “Calarcá” emboscaron una patrulla, asesinaron a siete uniformados y secuestraron a cinco más, que fueron liberados horas más tarde.
Al respecto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que se está revisando la información relevante del atentado en un comité especial del Gobierno nacional, en el que se “está terminando de recolectar toda la información y con base en ese informe el miércoles se tomará una decisión” sobre la continuidad o no de la tregua con el grupo armado.
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De la misma forma, Sánchez indicó que la orden entregada a la fuerza pública es que las actividades de inteligencia deben seguir, y que los enemigos armados identificados durante estas labores se deben “neutralizar”.

Mientras el Gobierno nacional sigue sin pronunciarse, múltiples figuras públicas y políticas han pedido que se termine el cese al fuego con las disidencias de “Calarcá”, asegurando que tuvieron un accionar similar al del ELN.
Cabe recordar que, la tregua entre el Estado y el Ejército de Liberación Nacional terminó el 17 de septiembre de 2024, después de que el grupo armado perpetró un atentado con cilindros bomba contra una base militar en el corregimiento de Puerto Jordán, Arauca.
Uno de los pronunciamientos más destacados fue el de la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, que afirmó que el Estado ofrece oportunidades a grupos armados que solo buscan la guerra.
“”Calarcá” en todos los departamentos de Caquetá, Guaviare, Meta, ¿qué hizo? Se fortaleció, la extorsión creció, empezaron a reclutar menores”.

Por su parte, el alcalde de Mesetas, Julio César Torres, cuestionó al Gobierno nacional, indicando que mientras se sigue con un proceso de paz, en los territorios las disidencias siguen afectando a las poblaciones.
“Pedirle al Gobierno nacional que aclare cuáles son las verdades reglas de juego que tiene en la mesa de diálogo con “Calarcá”, si a ellos se les está permitiendo delinquir como lo están haciendo. Nosotros como gobiernos municipales estamos sometidos al ridículo por parte de estos grupos porque ellos ordenan cerrar establecimientos y desplazar a la comunidad”.
Torres reveló que solo en una ocasión ha recibido una llamada del Gobierno nacional, que fue en la ocasión que decidió declarar toque de queda en el municipio para impedir que la población civil no siguiera siendo afectada por las disidencias de “Calarcá”.
“Nosotros solo podemos decretar actos administrativos como toques de queda para que la comunidad no concurra a estas situaciones, quisas ha sido la única respuesta que hemos tenido, hacer una llamada telefónica porque decretamos toque de queda, es la única vez que se ha mostrado el interés del Gobierno nacional, no para ayudar, sino, por el contrario”, puntualizó el mandatario municipal.

Debido al debate que se ha generado en torno a esta situación, el bloque Jorge Suárez Briceño del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, se pronunció mediante un comunicado, en el que aseguraron que habían actuado en “legítima defensa”.
“Lamentamos los hechos ocurridos en Guanapalo, Guaviare, donde unidades nuestras de la Compañía Isaías Carvajal del Bloque Comandante Jorge Suárez Briceño, haciendo uso de la legítima defensa, sostuvieron combates con unidades del Ejército Nacional del Batallón José Joaquín París, pertenecientes a la Brigada 22 de selva con sede en San José del Guaviare, dieron de baja en combate a nueve militares y cinco más capturados”, es parte del comunicado.
Este tipo de pronunciamientos han provocado que aumenten las diferencias entre las disidencias de “Calarcá” y el Gobierno nacional, que calificó el accionar del Estado Mayor Central como una “una traición a la transformación del territorio hacia la paz”.
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