La Corte Constitucional de Colombia enfrenta uno de los momentos más tensos de los últimos años, luego de las revelaciones publicadas por la revista Semana, donde se expone una supuesta operación para hacer elegir a Vladimir Fernández como magistrado; un entramado en el caso de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Vladimir Fernández, abogado de formación, cuenta con una amplia trayectoria profesional que incluye dos especializaciones en Derecho Administrativo, una maestría y un doctorado. Ejerció como docente en diversas universidades y ocupó cargos directivos en algunas de las entidades más relevantes del país; sin embargo, su carrera estuvo marcada por episodios que provocaron controversias públicas y legales.
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Uno de los puntos que llaman la atención es la cercanía de Fernández con el presidente Gustavo Petro, que se remonta a antes de la elección del político como alcalde de Bogotá en 2011.
Antecedentes legales y controversias públicas
De hecho, tras la victoria de Petro, Fernández integró su equipo de empalme. No obstante, no llegó a formar parte de su gabinete debido a una medida de aseguramiento en su contra, relacionada con un proceso penal por presunto interés indebido en la celebración de contratos.
En su momento, el diario El Tiempo informó sobre esta situación, la cual llevó a Fernández a declinar su designación en la Secretaría General de la alcaldía, luego de que Petro le solicitara su retiro.
El proceso penal surgió a raíz de contratos firmados por las Empresas Públicas de Neiva (EPN) con la empresa Organización de Servicios Profesionales (OSP), de la que Fernández fue socio. Aunque en el transcurso de su carrera ha enfrentado otros señalamientos por presunta corrupción en el Huila, las investigaciones precluyeron a su favor.
En 2018, La Silla Vacía reveló que la Fiscalía General de la Nación ordenó la captura del contralor de Neiva y de ocho concejales, implicados en un escándalo de corrupción. Según ese medio, el contralor Hildebrand Perdomo, primo de Vladimir Fernández, habría sido asesorado por él para “ocultar unas pruebas del proceso y enredar la pita y lo que sea para que no vayan y espulguen más”.
Otro episodio que marcó su historial ocurrió en 2010 cuando, en su rol como jefe de la Oficina Jurídica del Instituto Nacional de Vías (Invías), fue acusado de no ejercer adecuadamente la defensa del Estado, en un proceso que involucraba un presunto detrimento patrimonial de más de 10.000 millones de pesos, pero finalmente, el Tribunal de Cundinamarca falló a su favor.
Un asunto de carácter personal también generó controversia, y es que en 2006, Fernández fue demandado para que reconociera la paternidad de una menor, en un proceso que se prolongó durante años debido a la imposibilidad de notificarlo.
En 2014, la Corte Suprema de Justicia determinó mediante un examen de ADN que Fernández era el padre de la menor. Posteriormente, se llegó a un acuerdo con la demandante, que desistió del proceso.
A pesar de estos antecedentes, al momento de su elección como magistrado de la Corte Constitucional en 2023, el Senado de la República solo tuvo en cuenta su experiencia profesional y su cercanía con el mandatario Petro.
Según se documentó, el abogado realizó intensas gestiones en el Congreso, reuniéndose con senadores de diferentes bancadas y presentándose como un candidato conciliador. La terna para ocupar el cargo también incluía a Cielo Rusinque (actual superintendente de Industria y Comercio) y Gerardo Vega, pero fue Fernández que finalmente resultó electo.
El reciente escándalo que involucra a Fernández surgió tras la publicación de chats de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial, que mencionó una presunta operación con dinero corrupto proveniente de la Ungrd para garantizar su elección.
Según el material divulgado, el abogado habría sido una pieza clave en la elección de la fiscal general Luz Adriana Camargo, lo que explicaría, de acuerdo con la revista en mención, “la lentitud de la Fiscalía en valorar el material probatorio entregado por Sandra Ortiz”.
Además, Vladimir Fernández presentó ante la Corte Constitucional la propuesta para suspender de manera provisional la investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. La iniciativa fue aprobada con el respaldo de los magistrados Miguel Polo Rosero, Cristina Pardo, Diana Fajardo y Juan Carlos Cortés.
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