La reunión celebrada el martes 8 de abril entre el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, y el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, generó controversia debido a la discusión sobre excavaciones realizadas en instalaciones militares bajo medidas cautelares.
El encuentro incluyó la participación de otros altos funcionarios de la JEP, como el magistrado Pedro Elías Díaz, el magistrado auxiliar Hugo Escobar y el secretario ejecutivo Harvey Suárez.
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Este diálogo se produjo en medio de tensiones por el hallazgo de un fragmento de costilla humana en el lugar, lo que ha suscitado cuestionamientos sobre el manejo de la información y el cumplimiento de las medidas judiciales.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, el ministro Sánchez expresó su respaldo institucional a la JEP, destacando su papel en el proceso de paz y en la garantía de los derechos de las víctimas.
“Mi gratitud y disposición absoluta a la JEP, cuya misión es administrar justicia para consolidar la transición hacia la paz y restaurar el tejido social, garantizando los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de los comparecientes, con enfoque territorial, diferencial y de género. Así fue nuestra cordial, honesta y respetuosa reunión”, afirmó el funcionario.
Este pronunciamiento se dio como respuesta a las revelaciones de Blu Radio sobre los detalles de la reunión y las tensiones derivadas de las excavaciones no autorizadas.
Uno de los puntos más delicados abordados durante la reunión fue el hallazgo de un fragmento de costilla humana en las instalaciones militares protegidas por medidas cautelares. Según el ministro Sánchez, ni el Ministerio de Defensa ni las Fuerzas Armadas habían sido notificados oficialmente por Medicina Legal ni por la JEP sobre este descubrimiento.
El funcionario expresó su inconformidad por lo que calificó como una filtración de información a los medios de comunicación, lo que, en su opinión, compromete los protocolos de manejo de datos sensibles.
Posterior al encuentro, el Ministerio de Defensa envió un oficio al presidente de la JEP solicitando verificar la veracidad de las informaciones difundidas por los medios, que indicaban que el hallazgo había sido confirmado por fuentes de Medicina Legal.
En el mismo documento, la cartera de Defensa pidió que, de comprobarse la filtración, se revisen los protocolos de manejo de información y se garantice que las comunicaciones se realicen a través de los canales oficiales correspondientes.
En respuesta a las preocupaciones del ministro Sánchez, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, enfatizó que el foco de atención no debía centrarse en las filtraciones a la prensa, sino en lo que consideró un hecho más grave: la violación de las medidas cautelares por parte del Ejército.
Según Ramelli, las excavaciones realizadas en el lugar, que podría albergar restos de víctimas del conflicto armado, se llevaron a cabo sin autorización judicial, lo que constituye una transgresión a las disposiciones legales vigentes.
La JEP, creada como parte del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno colombiano y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), tiene como objetivo investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado.
En este contexto, las medidas cautelares buscan proteger lugares que podrían contener evidencia clave para esclarecer casos de desapariciones forzadas y otros delitos de lesa humanidad.
El respaldo expresado por el ministro Sánchez hacia la JEP subraya la importancia de esta institución en la consolidación de la paz en Colombia. Sin embargo, las tensiones entre ambas entidades evidencian los desafíos que persisten en la implementación del acuerdo de paz, especialmente en lo que respecta a la colaboración entre las instituciones del Estado y los mecanismos de justicia transicional.
El mensaje del ministro en redes sociales, en el que calificó la reunión como “cordial, honesta y respetuosa”, contrasta con las diferencias expuestas durante el encuentro. Mientras el Ministerio de Defensa insiste en la necesidad de garantizar la confidencialidad y el manejo adecuado de la información, la JEP pone el énfasis en la gravedad de las acciones realizadas sin autorización judicial, que podrían comprometer la búsqueda de justicia para las víctimas del conflicto.
Este episodio pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la cooperación entre las instituciones encargadas de garantizar la justicia y la seguridad en el marco del proceso de paz.
La controversia en torno a las excavaciones y el manejo de la información resalta la importancia de establecer protocolos claros y efectivos que permitan avanzar en la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas, sin que ello implique tensiones innecesarias entre las entidades involucradas.
La reunión entre el ministro de Defensa y los representantes de la JEP, aunque marcada por desacuerdos, representa un paso hacia el diálogo y la búsqueda de soluciones conjuntas. No obstante, el éxito de estos esfuerzos dependerá de la capacidad de ambas partes para priorizar los derechos de las víctimas y el cumplimiento de las disposiciones legales, en un contexto que sigue siendo complejo y desafiante para la consolidación de la paz en Colombia.
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