
En horas de la mañana del viernes 11 de abril de 2025 se conoció que la Justicia Penal Militar (JPM) condenó al infante de marina Santiago Becerra Martínez a una pena de 8 años y 8 meses de prisión intramural por el crimen de su compañero Jhorman Andrés Peña Remicio, en una base de infantería en el municipio de Coveñas, Sucre.
De acuerdo con información suministrada por Caracol Radio, la Fiscalía General de la Nación indicó que el señalado estaba manipulando su arma de dotación —realizando acciones de carga y descarga— durante su turno, cuando esta se activó, omitiendo los protocolos establecidos para su porte y uso.
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Los hechos ocurrieron el 28 de enero de 2024, mientras Peña Remicio conversaba con su padre a través de una videollamada. En plena comunicación, el padre de la víctima perdió contacto con su hijo y, tras varios intentos fallidos por retomar la conversación, logró comunicarse con miembros de la institución. Fue entonces cuando un teniente le informó que su hijo había sido trasladado a un centro asistencial en Lorica, Córdoba, luego de haber recibido un disparo.

Horas después, el padre recibió la desafortunada noticia del fallecimiento de su hijo, lo que dio paso a una solicitud de justicia por su muerte: “Yo quiero una justicia impecable para esto, porque la verdad mi hijo era un niño de sueños, una persona que no se metía con nadie. No merecía morir así de esa manera. Lastimosamente me tocó despedir a mi hijo y me ha dolido demasiado. Espero que la justicia le dé su merecido a esta persona que hizo esto con mi hijo”, declaraciones recopiladas por el medio de comunicación mencionado anteriormente.
El responsable permaneció detenido en una base militar mientras transcurría todo el proceso.
Desde la Base de Entrenamiento se lamentó lo ocurrido mediante una comunicación oficial de la institución: “La Armada de Colombia lamenta los hechos y presenta sus más sentidas condolencias a familiares y amigos del Infante de Marina Regular, al tiempo que ha dado inicio a la investigación correspondiente y estará atenta a los requerimientos de las autoridades judiciales”.

Exintegrantes de las Fuerzas Militares fueron enviados a la cárcel por suministrar armamento a grupos criminales
Jhonathan Sneyder Novoa Poveda, y a los soldados profesionales en retiro del Ejército Nacional Milton Neider Rodríguez Venté y Ricardo José Núñez Berrio fueron enviados a la cárcel por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de enriquecimiento ilícito, luego de ser acusados por suministrar armamento a grupos criminales en los departamentos de Cundinamarca, Tolima y Meta.
Las diligencias de captura estuvieron a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo del Ejército Nacional y sus unidades de los batallones de contraincendios militares 5 y 6, en las ciudades de Valledupar, departamento de Cesar, y Villavicencio, departamento de Meta.
Tras las indagaciones por parte del equipo investigativo y la recolección de los elementos materiales probatorios encontrados, se determinó que los tres individuos, que hacían parte de las instituciones de la Fuerza Pública, formaban parte de una red dedicada al tráfico de armas y su posterior comercialización a estas estructuras criminales.
El fiscal del caso señaló que tal era la magnitud de las actividades ilegales que estos hombres realizaban, que sustraían todo tipo de material y armamento de muchos fuertes a nivel nacional, como en el caso del Fuerte Militar de Tolemaida, uno de los mayores depósitos y acopios de armamento y munición de todo el país:
“Es un grupo de delincuencia organizada que se ha encargado de sustraer partes de armas de batallones, por ejemplo, del Departamento del Cesar, del Departamento del Atlántico o del Departamento de Antioquia, principalmente en la ciudad de Medellín o desde la misma ciudad de Bogotá en batallones que conocemos quienes vivimos aquí en Bogotá, como el Batallón 20 de Julio, no más allí a pocas cuadras de su despacho, señor juez, en el Batallón de Puente Aranda, en esta unidad militar de Puente Aranda o en el Cantón Norte Militar también de la ciudad de Bogotá”, mencionó el funcionario.
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La petición la hizo Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, con una comunicación que envió a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, a las delegadas judiciales del caso en el ente acusador, con copia al magistrado Francisco Farfán de la Corte Suprema

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