
El 10 de abril de 2025, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) radicó la primera demanda judicial sobre la Ciénaga de Don Antonio o Cholén, ubicada en San Benito, Sucre, por medio de la cual pretende recuperar 187 hectáreas de bienes de uso público y baldíos inadjudicables que fueron ocupados por particulares. Se trata del primer paso para resolver un conflicto agrario de más de 25 años.
De acuerdo con el director de la entidad, Felipe Harman, la demanda tiene como fin la recuperación de las tierras para que estas sean puestas a disposición de la Junta de Baldíos y de la población campesina, para que pueda utilizar los predios para la producción. “Le damos la razón al movimiento campesino desde el punto de vista administrativo. Esperamos, de forma oportuna, que la justicia también le dé la razón a la Agencia Nacional de Tierras”, precisó el funcionario a La FM.
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En su cuenta de X, el director informó que la acción judicial es apenas una de 100 demandas que se presentarán en lo corrido de 2025 con el mismo propósito, recuperar terrenos baldíos y bienes de uso público. Pues, hay varios casos de acaparamiento de tierras que deben ser investigados por la justicia, como por ejemplo, el de una familia que se apellida Sossa, que, al parecer, ha ocupado predios que son de la Nación de manera irregular y durante varios años.

“En el marco de la Reforma Agraria, estas tierras deben regresar a manos campesinas para su uso colectivo y sostenible (…). Colombia necesita respuestas concretas frente a la acumulación indebida y la apropiación ilegal de tierras que deben ser para el campesinado”, añadió Harman.
La demanda en cuestión no solo representa un avance en la recuperación de terrenos baldíos, sino una “garantía de paz” en un territorio que ha sido seriamente afectado por el conflicto armado, sobre todo, por el acaparamiento de predios y por el desplazamiento forzado de la población civil. En consecuencia, el funcionario solicitó al Congreso de la República aprobar el proyecto de ley ordinaria de jurisdicción agraria, por medio del cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural y se establece el procedimiento especial agrario y rural.
La iniciativa fue criticada en su momento por un polémico artículo en el que, según denunció la oposición, se permitía la “expropiación exprés”. No obstante, el mencionado artículo fue eliminado en medio del debate en el Congreso.
Congresistas y particulares bajo la lupa por acaparamiento de baldíos

Felipe Harman recordó en entrevista con el medio citado que hay congresistas que están siendo investigados por la justicia y por la misma Agencia Nacional de Tierras por el acaparamiento de predios. Mencionó al representante a la Cámara por Guainía, Carlos Cuenca Chaux, de Cambio Radical, que es señalado de haberse apoderado de un terreno baldío en Puerto Carreño, Vichada, de más de 370 hectáreas.
Se trata de un lote conocido como Sabanas de Zafiro que el congresista compró pese a no ser un predio privado. Sin embargo, el congresista negó haber solicitado una titulación de baldíos e, incluso, afirmó no tener ninguna finca en Vichada.
Asimismo, se refirió a la familia de la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, hoy aspirante a la Presidencia de la República, que, presuntamente, también se adueñó de un predio del Vichada que sería de la Nación, por lo que debería estar bajo su uso.

“O sea, esto no es un tema ajeno al Congreso. Aquí hay distintos actores que están interesados también, en medio de esta condición, en hacer una revisión detallada de sus procesos agrarios. De forma clara y abierta, lo que esperamos es que se esclarezca ese conflicto de intereses frente a las instancias pertinentes”, añadió.
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