Gobierno Petro sumó otra demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, esta vez por incumplimiento en el pago de subsidios de energía

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción judicial presentada contra el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda por el presunto incumplimiento reiterado en el pago de subsidios y contribuciones sociales en los sectores de energía eléctrica y gas combustible.

La demanda, interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho (Fede Colombia), tiene como objetivo garantizar la continuidad en la prestación de estos servicios esenciales y la estabilidad macroeconómica, al tiempo que busca evitar aumentos de tarifas o interrupciones del servicio que podrían impactar gravemente a los usuarios más vulnerables.

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Según el marco legal colombiano, el Estado está obligado a financiar los subsidios que permiten a las familias de los estratos 1, 2 y 3 acceder al servicio de energía y gas, sin que ello suponga una carga económica insostenible.

El Ministerio de Hacienda debe asignar anualmente los recursos necesarios en el presupuesto nacional, mientras que el Ministerio de Minas y Energía tiene la responsabilidad de girar estas partidas a las empresas prestadoras dentro de un plazo máximo de 60 días después de la facturación.

No obstante, Fede Colombia denunció que, pese a la existencia de las apropiaciones presupuestales para este propósito, el Gobierno nacional no ha cumplido con estos pagos de manera oportuna.

El Tribunal de Cundinamarca reconoció la gravedad de la situación y aceptó analizar el caso, una decisión que Fede Colombia considera un importante avance en la defensa del Estado de derecho.

Andrés Caro, director de la fundación, destacó la importancia de los subsidios: “Estas obligaciones implican un mandato legal. Los subsidios de energía eléctrica y gas existen para garantizar que las familias de escasos recursos puedan satisfacer necesidades básicas sin enfrentar la disyuntiva de incurrir en costos impagables”.

Asimismo, Caro advirtió que el incumplimiento de estos compromisos pone en riesgo no solo los derechos fundamentales de las comunidades, sino también la confianza ciudadana en las instituciones.

El retraso en los pagos ya ha generado alertas por parte de la Contraloría y la Procuraduría, que han advertido sobre los riesgos fiscales y operativos que este problema representa.

La falta de liquidez de las empresas de servicios públicos podría derivar en cortes de suministro en regiones vulnerables como Nariño, Chocó y Vichada, o incluso en un posible apagón en la región Caribe.

A pesar de las promesas hechas por Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, que afirmó que para marzo el Gobierno estaría al día con el 93 % de las empresas, la situación sigue siendo crítica.

Gremios del sector, como Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas y Ser Colombia, han exigido al Gobierno nacional la adopción de medidas urgentes para solventar las deudas acumuladas.

Según Fede Colombia, cumplir con los compromisos presupuestales no solo evitará mayores afectaciones a los usuarios, sino que también permitirá frenar la acumulación de deuda y prevenir interrupciones del servicio que afectarían a millones de personas en condiciones de vulnerabilidad.

Entretanto, el magistrado Lasso Lozano, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ordenó que el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público recibieran notificación personal del contenido de la providencia.

Además, el tribunal les concedió un plazo de tres días, contados a partir de la notificación, para que se hagan parte del proceso y presenten las pruebas que consideren necesarias.

En cuanto al trámite, se estableció que la decisión de fondo sobre el caso se tomará dentro de los 20 días siguientes a la admisión de la demanda. Además, se tendrán en cuenta como pruebas las que se adjuntaron a la demanda.

Finalmente, la Fundación para el Estado de Derecho ha hecho un llamado al Gobierno para atender esta problemática de manera inmediata. “Desproteger a las comunidades más vulnerables, dejándolas a oscuras o sin gas debilita la confianza en las instituciones y genera un impacto social gravísimo”, señaló Caro.