Estas son las localidades donde más hurtan celulares en Bogotá: el menor registro es de 2.673 casos reportados durante 2024

Una nueva denuncia presentó la concejala Diana Diago, en cuanto al incremento de inseguridad en Bogotá. Esta vez, la cabildante compartió datos alarmantes sobre la situación que está viviendo la ciudadanía en cuanto a los hurtos de dispositivos móviles, es decir, celulares.

Según cifras entregadas por parte de la Secretaría de Seguridad a la concejala, durante el primer año de gobierno de Carlos Fernando Galán se registraron más de 38.000 robos de celulares en la ciudad. Este dato, que equivale a casi la capacidad total del estadio El Campín, evidencia la magnitud del problema. Sin embargo, Diago señaló que lo que agrava aún más la situación es que en las localidades más afectadas por este delito, un total de 556 cámaras de vigilancia se encuentran fuera de servicio, lo que limita las capacidades de las autoridades para combatir la delincuencia.

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De acuerdo con Diago, las localidades de Suba, Engativá, Chapinero, Kennedy y Usaquén encabezan la lista de zonas con mayor número de hurtos de celulares en 2024. Estas zonas acumulan cifras alarmantes: Suba reportó 3.804 casos, Engativá 3.869, Chapinero 3.525, Kennedy 3.475 y Usaquén 2.673. La cabildante destacó que estas mismas localidades son las que presentan el mayor número de cámaras de seguridad inoperativas, lo que deja a la policía sin herramientas clave para enfrentar el crimen.

Diago denunció que falta de funcionamiento de las cámaras de vigilancia en Bogotá es un problema crítico que afecta directamente la capacidad de las autoridades para prevenir y resolver delitos. La cabildante resaltó que en Suba, de las 495 cámaras instaladas, 117 no funcionan; en Engativá, 130 de 441 están fuera de servicio; en Chapinero, 83 de 259 presentan fallas; en Kennedy, 164 de 501 no operan; y en Usaquén, 62 de 242 están inactivas. En total, el 32% de las cámaras en estas localidades no están operativas.

La concejala enfatizó que estos dispositivos son esenciales no solo para prevenir delitos, sino también para recolectar material probatorio que permita judicializar a los delincuentes. “Sin estas herramientas, las labores de inteligencia y las estrategias de seguridad se ven gravemente afectadas”, afirmó Diago. Que, además, cuestionó la falta de acción por parte de la administración de Galán para solucionar este problema, señalando que la ausencia de infraestructura adecuada dificulta la reacción de la policía y perpetúa la sensación de inseguridad entre los ciudadanos.

Diago recordó que durante la campaña de Galán, el hoy alcalde aseguró que combatiría el robo de celulares, calificándolo como una de las principales pruebas de liderazgo en materia de seguridad. Sin embargo, y según los recientes datos entregados por la cabildante, su meta no ha sido alcanzada.

“Galán dijo que cada celular robado era una muestra de falta de liderazgo, pero en su primer año de gestión se registraron más de 38.000 robos”, señaló la concejala. También sumó que la percepción de inseguridad entre los bogotanos ha aumentado debido a la falta de resultados concretos. “Los ciudadanos no solo pierden sus celulares, sino también la tranquilidad y la confianza en las instituciones que deberían protegerlos”.

La comparación de hurtos de celulares con la capacidad de asistente al estadio El Campín no solo fue una metáfora de la cabildante para detallar la actual problemática que vive la ciudad, igualmente criticó la falta de optimización en los canales de denuncia, que está dificultando aún más la judicialización de los delincuentes.

Ante esa situación, Diago exigió a la administración de Galán que tome medidas contundentes para enfrentar la crisis de seguridad. “Bogotá no puede seguir en manos de los criminales. Es necesario que se reparen las cámaras de vigilancia y se implementen estrategias efectivas para combatir el delito”, declaró.

La concejal también hizo un llamado a fortalecer la percepción de seguridad entre los ciudadanos, recordando que esta no se mide únicamente en cifras, sino en la confianza que las personas tienen en las instituciones encargadas de protegerlas.