Gobierno nacional no estaría escuchando las alertas sobre una oleada de violencia en el Cesar

A pesar de que el presidente Gustavo Petro prometió que durante su mandato llegaría a acuerdos con los grupos armados del país para establecer una Paz Total, en 2025 se han registrado oleadas de violencia en el Catatumbo y el departamento del Cauca, poniendo en peligro a las poblaciones civiles de estas zonas.

Debido a estos hechos, la Defensoría del Pueblo ha indicado que los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc podrían provocar crisis humanitarias en otras regiones del país, recordando que desde el 16 de marzo se han registrado desplazamientos forzados de firmantes de paz.

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Uno de los departamentos señalados es el Cesar, en donde hay reportes de seis firmantes asesinados en lo que val del año; de la misma forma, hay registro de siete personas desaparecidas y 102 familias desplazadas, por lo que la entidad ha cuestionado lo logrado con los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (Etcr), creados en 2016 tras la firma del Acuerdo de Paz con las Farc.

En uno de los informes, exponen que estos lugares han sido tomados por las disidencias, que se han encargado de atemorizar a las familias de la zona, poniendo en peligro la vida de los desmovilizados; de la misma forma, destacan un estudio de la Fundación Paz y Reconciliación en el que se afirma que la oleada de violencia podría expandirse hasta el Cesar y Arauca.

La Defensoría del Pueblo recuerda que el decreto de conmoción interior expedido el 25 de enero menciona a los municipios de Río de Oro y González, pero aseguran que esto no es suficiente, ya que es solo el ingreso al Catatumbo, mientras que los corregimientos de Sabanas de León, Manaure, Balcón del Cesar y San José de Oriente siguen en vilo ante la llegada de grupos armados para llevar a cabo confrontaciones contra sus enemigos.

La entidad no descarta que ante la llegada de las Fuerzas Militares al Catatumbo, el conflicto entre las disidencias y el ELN se expanda hasta la Serranía del Perijá, en donde hay presencia del frente de guerra nororiental del ELN y el frente 19 Simón Trinidad del Estado Mayor.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, este conflicto pone en riesgo a los firmantes, que pueden ser víctimas de asesinatos selectivos, un método que ya fue utilizado por el ELN en el Catatumbo, recordando que en el documento sobre la conmoción interior, el Gobierno nacional reconoció la disputa que hay por estos territorios.

“El ELN ha incrementado sus ataques y hostilidades contra la población civil y, especialmente, contra los firmantes de paz en la región del Catatumbo, lo cual es promovido y financiado, entre otros, con recursos provenientes de actividades y economías ilegales en esta región”, es parte del documento.

En el informe, detallan que hay comunidades en El Tarra, Tibú, La Gabarra y zonas cercanas, que ya han denunciado sobre la presencia de hombres armados en la región; sumado a esto, informan que la destrucción de una estructura instalada por el ELN en conmemoración de su 60 aniversario podría provocar una confrontación armada en la que ellos quedaran en medio de los ataques.

“Este incidente es percibido como el inicio de una retaliación por parte de las disidencias, luego de que en enero pasado el ELN lanzara una operación destinada a erradicar y exterminar a las disidencias. En el Etcr Simón Trinidad, en Cesar, viven cerca de 120 personas, quienes están de riesgo de desplazamiento por los intensos combates”, es parte del informe que, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, ha sido ignorado por el Gobierno nacional.