La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) firmó contratos de comunicación con el sistema de medios públicos Rtvc, como parte de su estrategia de divulgación de las acciones adelantadas por el tribunal de paz. Estos acuerdos, firmados en 2023 y 2024, contemplan la producción y difusión de contenidos que exaltan el trabajo de la JEP y suman un monto significativo de recursos.
Según documentos revelados por Jairo Ladino, ciudadano que ha realizado veeduría sobre la JEP, el tribunal firmó dos contratos con Rtvc por un total de 1.465.714.821 pesos. El primero de ellos, firmado el 23 de agosto de 2023, asciende a 978.340.744 pesos y tiene como propósito la preproducción, producción y postproducción de una serie de televisión de 13 capítulos, transmitida a través del Canal Institucional.
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Además, este contrato incluye la creación de programas radiales de hasta 26 minutos, que debían ser difundidos en la Radio Nacional durante 20 emisiones. Para su desarrollo, se contrató personal especializado por un periodo de cinco meses.
En el documento contractual, la JEP justificó la elección de Rtvc al señalar que “es una entidad que, dada su amplia experiencia en el desarrollo de contratos con varias entidades públicas, además de que cuenta con la cobertura total en el territorio nacional, posee el conocimiento, experiencia, capacidad operativa y el personal técnico idóneo para garantizar la efectividad y calidad en la prestación de los servicios requeridos”.
El segundo contrato, firmado el 18 de septiembre de 2024, tiene un valor de 487.374.077 pesos y está destinado a la producción de 17 programas de radio, de los cuales 15 tienen una duración de hasta 26 minutos, mientras que dos programas especiales alcanzan una hora y se realizan en formato de emisión descentralizada.
También incluye la producción de una cápsula informativa de hasta un minuto, así como una “bolsa para atender una producción audiovisual robusta, un servicio de streaming de calidad y auspicios adicionales. También esta bolsa incluye gastos de viaje y remotos”, según el contrato.
Polémica por otro contraro de la JEP con actores petristas
Los contratos con Rtvc no han sido los únicos suscritos por la JEP en el ámbito de la divulgación. Recientemente, también se conoció la adjudicación de un contrato con la fundación artística Petra Sociedad de Teatro, dirigida por Fabio Rubiano y Marcela Valencia, para la realización de la obra “Mantener el juicio”. Esta contratación ha generado controversia, especialmente porque varios de los actores que participaron han expresado públicamente su respaldo al presidente Gustavo Petro.
Según el documento revelado gracias a una solicitud de información de Jairo Ladino, la JEP adjudicó un contrato por 441.805.000 pesos, de los cuales la jurisdicción aportó 197.800.000 pesos y el Teatro Petra cubrió 244.005.000 pesos. El objetivo de la contratación fue “realizar acciones comunicativas que permitan, a través del lenguaje del arte dramático, generar la comprensión social y la aprobación de los desafíos misionales de la Jurisdicción Especial para la Paz”.
Dentro de los costos asociados, los actores Marcela Valencia, Fabio Rubiano, Juanita Cetina, Derly Neira, Sharon Pacheco, Bernardo García, Juan Diego Marín y Liliana Escobar recibieron 13.800.000 pesos cada uno por su participación en ocho funciones. A pesar de que el actor Julián Román no figura en el contrato, su imagen fue utilizada en la promoción de la obra.
Los gastos del contrato también incluyen 8 millones de pesos para sonido, 10 millones para composición musical y otros 10 millones destinados a la estrategia de divulgación y difusión. Mientras tanto, el Teatro Petra asumió costos adicionales como escenografía, iluminación y utilería (84.149.000 pesos), vestuario (35.396.000 pesos), dramaturgia y dirección (60 millones de pesos) y la disponibilidad del teatro para la presentación de la obra (64.600.000 pesos).
La revelación de estos contratos ha generado interrogantes sobre el uso de los recursos públicos en la estrategia comunicativa de la JEP, así como sobre la transparencia en la selección de los beneficiarios. Aunque el tribunal especial argumenta que estos proyectos buscan fortalecer la comprensión y difusión de su labor, sectores críticos han cuestionado la pertinencia y los montos de estas inversiones.
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