Fedelonjas advirtió sobre el impacto que tendría el cobro del IVA en zonas comunes de los conjuntos residenciales

La Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas) expresó su preocupación ante la reciente directriz emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), que establece el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por el uso de zonas comunes en propiedades horizontales.

Según el gremio, esta medida podría tener un impacto negativo directo en los propietarios y copropietarios de estas propiedades, al aumentar los costos de administración y afectar la calidad de vida de los residentes.

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De acuerdo con el gremio, la decisión de gravar las zonas comunes desconoce la naturaleza esencial de estos espacios en las propiedades horizontales.

En un comunicado, Fedelonjas destacó que áreas como los parqueaderos y otras zonas compartidas no deben ser consideradas activos comerciales, ya que su función principal es garantizar la sostenibilidad y el adecuado funcionamiento de las comunidades residenciales.

Según la federación, imponer este impuesto podría traducirse en un incremento de las cuotas de administración, lo que afectaría directamente a los habitantes de estas propiedades.

El presidente de Fedelonjas, Mario Ramírez, hizo un llamado al Gobierno nacional y a la Dian para que reconsideren esta medida. En sus declaraciones, enfatizó la necesidad de establecer un diálogo con el sector inmobiliario para evitar consecuencias adversas en la gestión de las propiedades horizontales.

“Reconsideren esta decisión y establezcan un diálogo con el sector inmobiliario. Es fundamental evitar impactos negativos en la gestión de las propiedades horizontales y en la calidad de vida de los ciudadanos”, afirmó Ramírez en su comunicado.

La federación también destacó que las zonas comunes son esenciales para el bienestar y la seguridad de las comunidades que habitan en propiedades horizontales. Estas áreas, que incluyen desde espacios recreativos hasta zonas de estacionamiento, son fundamentales para la convivencia y el desarrollo de las actividades cotidianas de los residentes.

Según Fedelonjas, gravar estos espacios con el IVA podría generar una carga económica adicional para los copropietarios, que ya enfrentan costos significativos en el mantenimiento y administración de sus propiedades.

El gremio insistió en que esta medida no solo representa una carga tributaria adicional, sino que también podría desincentivar el uso y mantenimiento adecuado de las zonas comunes. Esto, a su vez, podría tener un impacto negativo en la calidad de vida de los residentes y en la sostenibilidad de las propiedades horizontales como modelo de vivienda.

Fedelonjas reiteró su disposición para dialogar con las autoridades y buscar alternativas que permitan garantizar la sostenibilidad económica de las propiedades horizontales sin afectar a los propietarios y residentes. Según el gremio, es necesario que el Gobierno y la Dian consideren el impacto social y económico de esta medida antes de implementarla de manera definitiva.

La directriz de la Dian generó inquietud en el sector inmobiliario, que considera que esta decisión podría tener implicaciones significativas para miles de familias que residen en propiedades horizontales en todo el país. Según el gremio, es crucial que las autoridades evalúen cuidadosamente las consecuencias de esta medida y trabajen en conjunto con el sector para encontrar soluciones que beneficien a todas las partes involucradas.

En este contexto, el llamado de Fedelonjas busca abrir un espacio de diálogo y concertación con el Gobierno y la Dian, con el objetivo de proteger los intereses de los propietarios y garantizar la sostenibilidad de las propiedades horizontales en Colombia.

Por su parte la Dian se ampara en el artículo 462 del Estatuto Tributario, el cual establece que el alquiler de dichos espacios, que se encuentran en zonas comunes y que generan ingresos, representan una actividad de explotación comercial.

Así mismo, la entidad también afirmó que desde agosto de 2024 empezó a enviar comunicaciones a todos los conjuntos residenciales del país, con el fin de que actualizaran toda la información en el Registro Único Tributario (RUT) y también a que implementaran la facturación electrónica.