Golpe al Clan del Golfo: desmantelan cinco unidades de producción minera ilegal en Antioquia, valorada en más de $300 millones

El Ejército propinó un golpe a las finanzas del Clan del Golfo en San Carlos, Antioquia, donde tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.° 4 y uniformados de la unidad contra la minería ilegal de la Policía Nacional encontraron unidades de producción minera que iban a ser utilizadas para trabajos de extracción ilegales. De acuerdo con la Séptima División del Ejército Nacional, los soldados y los efectivos de la Policía encontraron cinco unidades de producción.

En el operativo, incautaron varios elementos requeridos para la extracción ilícita de yacimientos mineros: cinco dragas tipo buzo y cinco motores, que pertenecerían a la subestructura Pacificadores de Zamaná del grupo armado organizado (GAO) Clan del Golfo, cuyas acciones criminales afectan el medio ambiente y a la población civil del departamento.

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La totalidad del material decomisado por las autoridades está avaluado en más de $300 millones, según explicó el comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, brigadier general Jorge Ricardo Hernández Vargas. Además, con las unidades de producción minera se extraían más de 4.000 gramos de oro mensualmente, con un valor que superaba los $1.600 millones en el mercado, según detalló RCN Radio.

“El ejército nacional continuará adelantando operaciones militares conjuntas, coordinadas e interinstitucionales en el departamento de Antioquia, con el fin de seguir combatiendo las economías ilícitas y los factores de inestabilidad presentes en este territorio”, añadió el uniformado.

En marzo de 2024, otras siete unidades de extracción ilícita de minerales fueron desmanteladas en San Carlos, Antioquia. El Ejército Nacional y la Policía Nacional trabajaron de manera conjunta y encontraron los elementos de extracción minera en la vereda Santa Bárbara del municipio. De esta manera, impidieron que los grupos criminales llevaran a cabo actividades ilegales que afectan los recursos naturales de la región.

“Continuamos combatiendo a los grupos criminales que atentan contra el agua y la vida”, celebró el Ministerio de Defensa en su momento.

Luego, en diciembre de 2024, las autoridades desmantelaron una unidad de producción de minería ilícita en el municipio de San Rafael (Antioquia), ubicada en la vereda El Topacio. El material pertenecía también a la subestructura Pacificadores de Zamaná del Clan del Golfo, que perdió más de $1.700 millones con la incautación de los elementos hallados por el Ejército y la Policía Nacional.

“Incautaron una excavadora, dos dragas tipo buzo, dos motobombas y una clasificadora de minerales, los cuales quedaron a disposición de la autoridad competente. Esta operación militar, que tiene como fin disminuir las capacidades de la amenaza, y que se encuentra en el Plan de Operaciones Ayacucho, afecta las economías ilícitas de este grupo armado organizado”, precisó un vocero de la Cuarta Brigada del Ejército.

La Procuraduría General de la Nación advirtió en diciembre de 2024 las graves consecuencias ambientales derivadas de las actividades mineras ilegales en el país. De acuerdo con el Informe Nacional sobre Minería Ilegal y Contaminación por Mercurio en Colombia, citado por el organismo de control, en los últimos 10 años se reportó la presencia de minería ilegal en 29 de los 32 departamentos que tiene todo el territorio nacional.

El departamento más afectado por esta economía ilícita es, justamente, Antioquia. Le siguen Bolívar, Chocó, Santander, Caldas, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Boyacá, Amazonas, Putumayo y Guainía. Además, más del 50% de los municipios del país han sufrido los impactos negativos de la minería ilegal, no solo por el deterioro ambiental, sino también por los desplazamientos forzados, la explotación laboral, la violencia y las afecciones de salud que llegan a padecer los ciudadanos.

“Para el Ministerio Público, la situación es aún más grave, considerando que Colombia es el país con la mayor liberación de mercurio per cápita al medio ambiente, lo que ha generado un daño irreversible en los ecosistemas y la salud de la población”, indicó la Procuraduría en un comunicado.