La ola de violencia que azota al departamento del Cauca y otras zonas del suroccidente colombiano ha generado una pregunta urgente: ¿quién debe responder cuando los ataques dirigidos contra la fuerza pública ocasionan daños a la población civil?
Para la abogada penalista Laura Ramírez, la respuesta es clara: el Estado tiene el deber de proteger a sus ciudadanos y, al fallar en su obligación de brindar seguridad, puede incurrir en responsabilidad por los perjuicios causados.
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En un video difundido en redes sociales, Ramírez hizo referencia a la reciente explosión registrada en el municipio de Morales, Cauca, donde un artefacto explosivo afectó a estudiantes, transeúntes y miembros de la Policía.
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Según la jurista, las acciones penales se centran en individuos o grupos armados responsables de instalar el explosivo, lo cual, de ser probado, podría conllevar imputaciones por terrorismo agravado, lesiones personales y hasta tentativa de homicidio.
Sin embargo, Ramírez subrayó que la omisión o ineficiencia de las autoridades para prevenir tales hechos constituye una “falla del servicio público”, pues el Estado está obligado a garantizar la seguridad de su población.
Explosión en Morales, Cauca: una comunidad en vilo
Morales vivió momentos de angustia cuando, el 24 de febrero de 2025, un explosivo sacudió el casco urbano, dejando heridos a al menos 17 habitantes, entre ellos varios menores de edad y dos uniformados.
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El alcalde local, Óscar Yamit Guachetá Arrubla, informó que el atentado ocurrió cerca de la estación de policía y de la Institución Educativa Francisco Antonio Rada, justo a la hora de salida de los estudiantes.
El impacto fue tal que varios niños resultaron heridos, incluyendo un menor de tan solo 7 años, quien tuvo que ser trasladado de urgencia por la gravedad de sus lesiones.
La presencia de posibles explosivos en una motocicleta, y la hipótesis de que también pudo ser un carro bomba, generó confusión en la comunidad.
Las autoridades trabajan en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer el método que emplearon los responsables, quienes habrían elegido una zona concurrida, muy próxima a entidades bancarias y locales comerciales.
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La mirada de la abogada sobre la responsabilidad del Estado
Para Laura Ramírez, más allá de la investigación que deben adelantar organismos como la Fiscalía o la Policía Judicial para dar con los responsables materiales e intelectuales del atentado, el Estado debe rendir cuentas por no haber garantizado una presencia efectiva de la fuerza pública que impidiera la instalación de estos artefactos explosivos.
La abogada enfatizó que no solo se trata de llevar a juicio a los autores de los ataques, sino de exigir que las víctimas, sean civiles o miembros de la fuerza pública, obtengan una compensación.
Según su explicación, el Estado está llamado a reconocer y subsanar los daños sufridos por aquellos afectados en estas acciones, lo que podría incluir ayuda médica, psicológica y, en casos de graves afectaciones, indemnizaciones económicas.
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Un escenario recurrente de violencia
La explosión en Morales no es un caso aislado. El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, recordó que este municipio ya había sufrido un ataque en mayo de 2024, cuando la estación de policía resultó prácticamente destruida.
A pesar de la magnitud de aquel incidente, las reparaciones aún están pendientes y la infraestructura de seguridad sigue siendo deficiente.
Situaciones similares se viven en distintos puntos del Valle del Cauca, departamento vecino donde las disidencias de las Farc habrían protagonizado combates contra el Ejército en zona rural de Palmira y, casi simultáneamente, se registró un atentado con explosivos contra la estación de Policía de Potrerito, en Jamundí.
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En este episodio, dos hombres a bordo de una motocicleta lanzaron un artefacto explosivo que dejó un lesionado y daños en las viviendas cercanas.
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