Por desalojo de un predio, miembros de una comunidad indígena atacaron a piedra a funcionarios públicos en Yumbo

Un operativo de desalojo en el predio conocido como El Pulpo, ubicado en la zona rural de Yumbo, Valle del Cauca, derivó en un enfrentamiento que dejó a cuatro funcionarios públicos heridos. Según informó la Personería de Yumbo, los hechos ocurrieron el lunes 24 de febrero de 2025, cuando miembros de la comunidad indígena Yanakuna, que ocupa el terreno desde 2021, lanzaron piedras contra las autoridades para resistir su salida del lugar. Entre los lesionados se encuentran una agente de policía, el personero Municipal y dos funcionarios de la Alcaldía.

La Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden Público (Undmo), anteriormente conocida como Esmad, intervino para controlar la situación. Según detalló la Personería, el desalojo había comenzado el domingo 23 de febrero con el acompañamiento de las autoridades locales, que buscaban garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las partes involucradas. Sin embargo, el lunes, la tensión escaló cuando un grupo de personas desde el interior del predio intentó impedir el procedimiento mediante actos violentos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La comunidad indígena Yanakuna, que ha ocupado el predio desde el estallido social de 2021, denunció presuntas irregularidades en el proceso de desalojo. Alba Cecilia Palechor, gobernadora del Cabildo, afirmó que no se realizó una consulta previa, un requisito fundamental para garantizar los derechos territoriales de las comunidades indígenas en Colombia. Además, señaló que se habrían utilizado firmas no legales en documentos oficiales relacionados con el procedimiento.

En declaraciones a medios locales, Palechor expresó que la presencia de la Policía generó temor y tensión entre los miembros de la comunidad. Por ello, el gobierno indígena solicitó la intervención de organismos nacionales de derechos humanos para garantizar que se respeten sus derechos y se les permita permanecer en el territorio que han habitado durante los últimos cuatro años.

Por su parte, la Personería de Yumbo aseguró que su equipo estuvo presente desde el inicio del desalojo para supervisar que se cumplieran las garantías constitucionales y los derechos humanos de los involucrados. En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, la entidad explicó que su labor se centró en vigilar el desarrollo del procedimiento y en mediar entre las partes para evitar mayores confrontaciones.

A pesar de estos esfuerzos, el enfrentamiento del lunes 24 de febrero dejó en evidencia las tensiones existentes entre la comunidad indígena y las autoridades locales. Hasta el momento, no se ha confirmado si hubo heridos entre los miembros de la comunidad Yanakuna.

En medio de la controversia, la presencia de organismos de derechos humanos se convirtió en un elemento clave para garantizar que el proceso de desalojo se lleve a cabo de manera justa y transparente. Según informó la Personería de Yumbo, estos organismos han estado presentes en el lugar para monitorear la situación y documentar cualquier posible violación a los derechos de la comunidad Yanakuna.

Mientras tanto, el desalojo continúa, y las autoridades locales reiteraron su compromiso de actuar dentro de lo estipulado por la ley. “En el marco del proceso de desalojo policial en el predio ‘El Pulpo’, el Personero Municipal y su equipo de funcionarios están vigilando para asegurar que se respeten los derechos humanos y las garantías constitucionales de los actores involucrados”, indicó la entidad a través de redes sociales. Sin embargo, el enfrentamiento del lunes dejó en evidencia la necesidad de buscar soluciones que permitan resolver el conflicto de manera pacífica y respetuosa con los derechos de todas las partes involucradas.

A medida que el desalojo avanza, las miradas están puestas en las autoridades locales y en los organismos de derechos humanos, que tienen la responsabilidad de asegurar que el procedimiento se lleve a cabo sin más incidentes y con pleno respeto a las garantías constitucionales.