En medio del arduo debate que enfrenta la reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro, la mesa directiva de la Cámara de Representantes denunció que el saliente ministro del Interior, Gustavo García, habría “usurpado funciones” al convocar sesiones extras para discutir el proyecto entre el 12 y el 14 de febrero de 2025, cuando aún no había sido nombrado formalmente como jefe de cartera.
Según las denuncias, su actuación podría haber configurado un vicio de trámite que afecta la legalidad del proceso legislativo.
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La polémica surgió después de que García, que ocupaba el cargo de viceministro encargado tras la salida de Juan Fernando Cristo, convocara las sesiones extras para discutir la reforma a la salud sin contar con el nombramiento formal en su cargo. La denuncia fue presentada por Lina María Garrido, segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes, que aseguró que este proceder podría implicar un grave vicio de trámite.
En apoyo a su denuncia, Garrido presentó un documento oficial remitido por la Presidencia de la República, el cual detalla que el decreto convocando las sesiones extras fue firmado por García a las 5:40 p. m. del 10 de febrero. Sin embargo, en ese momento, García aún no era ministro, sino viceministro, lo que configura, según la congresista de Cambio Radical, una clara extralimitación de funciones.
“Presidencia de la República confirma grave extralimitación de funciones del ministro del Interior, Gustavo García, un golpe de gracia a la reforma a la salud. Se consolida su vicio. La ilegalidad es evidente”, afirmó Garrido en una declaración que subraya la gravedad de la irregularidad.
Garrido, además, hizo énfasis en que el decreto firmado por García incluye detalles precisos sobre la hora en que fue emitido, pero no especifica la hora en que el presidente de la República o su delegado suscribieron dicho decreto, lo que agrega una capa más de sospecha a las irregularidades señaladas.
La funcionaria no solo criticó la actuación de García, sino que también anunció que presentará una queja disciplinaria contra él por posible usurpación de funciones. Según Garrido, el gobierno no puede seguir adelante con una reforma que ya presenta vicios de origen y que carece de legitimidad debido a las irregularidades en el proceso de convocatoria.
“La ilegalidad es evidente”, destacó, insistiendo en que el gobierno no debería continuar impulsando una reforma sin antes corregir los errores que han surgido en su tramitación. En este sentido, Garrido subrayó que el proyecto de reforma a la salud se encuentra actualmente estancado en la Cámara de Representantes y que no tiene posibilidades de avanzar a corto plazo debido a la falta de un acuerdo entre los miembros de la mesa directiva de la Corporación.
La reforma a la salud, que ha sido uno de los proyectos más polémicos y debatidos del gobierno de Gustavo Petro, enfrenta ahora nuevos obstáculos. A pesar de que en un principio se esperaba que el proyecto pudiera discutirse con celeridad en la Cámara, la situación política interna ha hecho que se detuviera el proceso. Cabe recordar que el Gobierno sufrió un duro revés al no lograr reunir los votos necesarios para imponer su voluntad en la mesa directiva, lo que dejó claro que el proyecto no se debatirá en el corto plazo.
Por su parte, existe un conflicto dentro de la Cámara de Representantes que involucra a los miembros de la mesa directiva, quienes están divididos sobre cómo proceder con el proyecto. El presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, representante del Partido Verde, ha expresado su apoyo a la inclusión del proyecto en el orden del día. Sin embargo, los vicepresidentes Lina María Garrido y Jorge Tovar se oponen rotundamente a su discusión, alegando que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aún no ha cumplido con las órdenes de la Corte Constitucional sobre la revisión de la unidad de pago por capitación (UPC), que afecta a las entidades promotoras de salud (EPS).
“No podemos aprobar una reforma sin transparencia, sin recursos y sin cumplir la ley”, afirmó Garrido, que recordó que para que un orden del día en la Cámara sea válido, debe contar con la firma de al menos dos de los tres integrantes de la mesa directiva.
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