El representante Armando Zabaraín anunció que demandará a Luis Carlos Reyes tras ser señalado en la lista de recomendaciones para la Dian

El representante a la Cámara por el Partido Conservador Armando Zabaraín decidió emprender acciones legales contra el actual ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, tras ser señalado en una lista de congresistas que presuntamente habrían solicitado nombramientos en entidades como la Dian y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa).

Según informó W Radio, Zabaraín negó categóricamente haber tenido algún tipo de participación en dichas recomendaciones y aseguró que no conoce a la persona que se le atribuye haber sugerido.

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En declaraciones recogidas por el medio, Zabaraín afirmó que su interacción con Reyes ha sido mínima, limitándose a un breve intercambio de palabras.

“Nunca he charlado con él más de dos minutos, que nunca fui a su despacho. Me incluye en una lista como si recomendara a una persona que no conozco”, expresó el congresista, quien también subrayó que jamás ha visitado la oficina del ministro.

La controversia por la lista de recomendaciones

La polémica se desató luego de que se hiciera pública una lista que involucra a varios congresistas en supuestas solicitudes de nombramientos para cargos en la Dian y la Polfa, entidades clave en la administración fiscal y aduanera del país.

Según consignó el medio citado, esta situación ha generado un intenso debate político y ha puesto bajo escrutinio las prácticas de recomendación en el ámbito gubernamental.

Zabaraín, uno de los nombres mencionados en el listado, rechazó de manera contundente cualquier vínculo con las acusaciones. En sus declaraciones, insistió en que no tiene relación alguna con las personas que se le atribuyen como recomendadas y que su inclusión en el documento carece de fundamento.

El listado, revelado por la periodista Darcy Quinn, incluye a figuras políticas de alto perfil como Gregorio Eljach, actual procurador general y entonces secretario general del Senado; Armando Benedetti, jefe de despacho; José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda; y Efraín Cepeda, presidente del Senado.

Según la información publicada, estas recomendaciones estaban dirigidas a ocupar cargos clave en las aduanas de Buenaventura, Cartagena y Barranquilla, puntos estratégicos para el comercio y la lucha contra el contrabando en Colombia.

El escándalo se enmarca en una serie de acusaciones que involucran presiones políticas hacia Reyes durante su gestión en la Dian. Según el exdirector, tanto Roy Barreras, expresidente del Senado, como Juan Fernando Petro, hermano mayor del presidente Gustavo Petro, habrían ejercido presión para influir en los nombramientos en la aduana de Buenaventura.

Este puerto es considerado un punto neurálgico en el comercio internacional del país y, al mismo tiempo, un foco de actividades ilícitas como el contrabando.

La fiscal Luz Adriana Camargo confirmó que Reyes le expresó su preocupación por estas solicitudes antes de dejar su cargo en la Dian. Aunque la fiscal señaló que hacer recomendaciones no constituye un delito en sí mismo, el contexto de las denuncias y los nombres involucrados ha generado un intenso debate sobre la transparencia en los procesos de designación en entidades públicas.

El listado presentado por Reyes incluye a varios congresistas de diferentes partidos políticos, lo que refleja la transversalidad de las presiones en el espectro político colombiano.

Entre los mencionados se encuentran Olga Lucía Velásquez, del Partido Verde; Armando Sabaraín y Carlos Cuenca, de Cambio Radical; Liliana Vitar, del Partido Conservador; Yenica Acosta y Óscar Darío Pérez, del Centro Democrático; Alfredo Luque, de la U; Daniel Restrepo, del Partido Conservador; Jairo Castellanos, de la Alianza Verde; Alejandro Ocampo, del Polo Democrático; Leonardo Gallego, del Partido Liberal; y Dorina Hernández, de Soy Porque Somos.

Uno de los nombres que más llama la atención es el de Olga Lucía Velásquez, quien actualmente forma parte de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Esta comisión es la encargada de investigar al presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en los topes electorales durante su campaña presidencial de 2022.

La mayoría de los congresistas mencionados en el listado forman parte de las comisiones tercera y cuarta del Senado y la Cámara, las cuales tienen a su cargo la discusión de temas económicos fundamentales para el país.

Esto ha generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y la influencia que podrían tener estas recomendaciones en decisiones estratégicas relacionadas con la economía y el comercio exterior.