
El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, recientemente designado como presidente de la Corte Constitucional, se pronunció sobre la relación entre el alto tribunal y el Gobierno nacional. En un contexto de tensiones entre el Ejecutivo y el poder judicial, el togado reiteró que la Corte actúa con independencia y sin intenciones políticas.
“Sin pretender convertirnos la Corte en un opositor de las autoridades ni del Congreso ni del gobierno, porque no somos un partido político, menos un partido de oposición, sino que somos un tribunal judicial que tiene su cargo cumplir las funciones que nos han encomendado y la misión nuestra es guardar la integridad y la supremacía de la Constitución”, declaró Ibáñez en una entrevista para la revista Cambio.
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El magistrado explicó para la revista mencionada que, aunque algunas decisiones del tribunal generaron controversia y reacciones adversas por parte de distintas autoridades, el trabajo de la Corte se basa en la interpretación estricta de la Constitución. “Lo que hemos hecho es garantizar que la ley o el decreto con fuerza de ley, sea expedido en ejercicio de facultades extraordinarias o con motivo de un estado de excepción, se someta íntegramente a la Constitución”, afirmó.
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El presidente de la Corte Constitucional hizo un llamado a la reflexión y a la calma en el debate público, especialmente ante la rapidez con la que se emiten juicios en redes sociales y medios de comunicación, sin conocer el alcance de las decisiones judiciales: “Antes de que asumamos una postura en relación con una decisión, leamos el contenido de la decisión”.
Sobre la relación con el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, Ibáñez detalló que el respeto por la institucionalidad era fundamental: “Nosotros tenemos que respetarlo como lo respetamos y tenemos que garantizar para además que él ejerza sus funciones conforme la Constitución lo establece”. En ese sentido, destacó la importancia de mantener la autonomía de cada poder del Estado, pero trabajando en armonía para el cumplimiento de los fines del Estado.
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“Y el propio presidente ha sido respetuoso finalmente con esas decisiones y se da una respuesta razonada, tranquila y serena frente a una decisión que efectivamente han leído. Eso es lo que yo he visto en el curso del año pasado”, agregó el togado durante la entrevista con la mencionada revista.

El magistrado también abordó la reciente polémica sobre la posibilidad de que los magistrados se posesionen ante su propia Corte y no ante el presidente de la República. Según explicó, esta medida no fue una reacción contra el Gobierno, sino una decisión judicial basada en la ley estatutaria de la administración de justicia.
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“Algunos pensaron que eso era una reacción negativa al jefe del Estado [...], pero faltó que antes le dijera que era una decisión judicial y, al mismo tiempo, que no se trataba de una reacción en contra del Gobierno”, señaló.
Además, destacó en una entrevista con la revista Semana la independencia de la institución, de sus magistrados y de todos sus integrantes. “Yo doy fe de que ninguno acá viene a actuar como agente de un determinado grupo de interés o de determinado sector gubernamental o de otra naturaleza, porque aquí cada uno asume su función con independencia, con autonomía, con imparcialidad y con un rigor jurídico, que nos permite cumplir adecuadamente nuestras funciones”.
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En cuanto a las investigaciones sobre presuntas interceptaciones ilegales a comunicaciones dentro de la Corte Constitucional, el magistrado Ibáñez aseguró que la Fiscalía General de la Nación tomó cartas en el asunto y que la independencia judicial no se verá afectada: “Nada de eso puede afectar la autonomía, la imparcialidad, la objetividad y el trabajo autónomo de un magistrado o de un juez de la República”.
Así mimo, el presidente de la Corte Constitucional reiteró que el papel del tribunal es el de salvaguardar la Constitución política de 1991 y garantizar el respeto por los derechos fundamentales. Enfatizó que su labor no debe interpretarse como una postura de oposición a ninguna institución, sino como una garantía para el Estado de derecho.
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“Yo no tengo ningún interés político de ninguna naturaleza y por lo mismo no hay ningún choque entre mis principios y valores, con los principios y valores que tenga cualquier otra autoridad, incluido el señor presidente de la República”, agregó durante la entrevista con la fuente citada.
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