En el Catatumbo, Norte de Santander, ya se cumple 18 días de la crisis humanitaria, generada por el conflicto entre el frente 33 del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El enfrentamiento ha provocado el desplazamiento forzado de al menos 53.000 personas, la desaparición de diez firmantes y 52 asesinatos confirmados.
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Los combates entre el EMC y el ELN estarían asociados a las millonarias rentas criminales que los dos grupos armados recaudan en la frontera con Venezuela.
Documentos secretos de las Fuerzas Militares revelados por El Tiempo, explican la magnitud de los negocios criminales en los dos lados de la frontera, que se convirtieron en el detonante del conflicto en el Catatumbo.
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Un documento enviado al ministro de Defensa, Iván Velásquez, explica que los grupos armados en el Catatumbo se lucran del narcotráfico, razón por la cual detallan que durante los últimos siete años el negocio pudo mover al menos 5 billones de pesos.
“Las organizaciones delincuenciales con presencia en el departamento pudieron tener a disposición una producción potencial de aproximadamente 327 y 469 toneladas de clorhidrato de cocaína, durante los años 2022 y 2023, respectivamente, que en caso de ser realmente producidas y comercializadas podrían tener un precio aproximado entre los COP 5 y COP 100 billones, dependiendo del mercado”, se lee en el documento revelado por El Tiempo.
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El mismo informe detalla que en el Catatumbo, solo se encuentra el frente de Guerra Nororiental del ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc, al mando de “Calarcá”.
En otro documento se explica que la principal fuente de financiación de los dos citados grupos guerrilleros son los cobros al gramaje de los cultivos ilícitos, así como el mantenimiento de “la seguridad en laboratorios y rutas hacia la costa Atlántica, Antioquia y zona de frontera”.
Además, pueden existir diez trochas en la frontera con Venezuela, iniciando desde Tibú, por donde comienza el paso de narcóticos y otros productos a Venezuela.
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El informe entregado al jefe de la cartera de Defensa también habla de secuestros a ganadores, comerciantes, trabajadores del sector petrolero y palmicultores, generando una reducción del 6% en las mencionadas prácticas.
La secretaria general del Ministerio de Defensa, Alexandra González, recibió otro reporte donde revelan los cobros extorsivos en la región. El informe revelado por El Tiempo indica que el ELN y las disidencias de las Farc estarían cobrando “vacunas” por dos millones de pesos a los carrotanques que se roban el combustible del oleoducto Caño Limón Coveñas.
De igual forma, cobran “sanciones” de $500.000 a aquellas personas que infrinjan las “normas de convivencia”. Las tarifas impuestas varían según el tipo de actividad. Los propietarios de minas deben pagar montos ligados a su producción, mientras que las droguerías, tiendas pequeñas y talleres de mecánica deben abonar $20.000 mensuales. Los transportadores informales, así como los almacenes de ropa y electrodomésticos, enfrentan cobros de $50.000.
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En el caso de las volquetas y la maquinaria amarilla, las sanciones oscilan entre $50.000 y $100.000. Los establecimientos que venden bebidas alcohólicas, junto con tiendas y supermercados, deben pagar $200.000, y los vehículos de carga que transportan víveres y mercancías reciben multas de $300.000.
El reporte firmado por el coronel Ramiro Romero Rodríguez asegura que el contrabando es otra fuente de finanzas ilícitas para los grupos en disputa.
“Es posible que ingresen de forma ilegal oro y dinero de la explotación del arco minero de la Orinoquía en Venezuela, actividades auspiciadas por los GAO ELN y GAO-r como mecanismo de control territorial”, se lee en el informe.
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Y finalizan: “Es posible que esos dineros producto del narcotráfico, la extorsión, el secuestro y el contrabando que se desarrolla en ambos lados de la frontera, aunado al alto flujo comercial adelantado en Cúcuta, más la escasez de controles e informalidad, esté propiciando la circulación de esa rentas criminales a través de inversiones en algunos sectores como el inmobiliario, industrial, mercantil y hasta en el financiero, facilitando el lavado de activos y el financiamiento”
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