Procuraduría solicitó a la Anla levantar suspensión del muelle 13 en Buenaventura por falta de fundamentos técnicos

En medio de un debate sobre la operación del muelle 13 en Buenaventura, la Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) que revoque la medida que suspendió las actividades en esta terminal portuaria.

Según informó la Procuraduría, tras una inspección realizada los días 23 y 24 de enero, no se encontraron fundamentos suficientes para mantener la restricción impuesta por la Anla a través de la Resolución 00004 del 2 de enero de 2025.

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Este muelle, operado por el concesionario Grupo Portuario S. A., se encuentra en el centro de una controversia que involucra aspectos ambientales, jurídicos y económicos.

De acuerdo con el oficio presentado el 31 de enero por el procurador delegado Gustavo Guerrero al director de la Anla, Rodrigo Elías Negrete, la decisión de suspender la operación del muelle carece de sustento jurídico y no demuestra toda la información disponible.

En particular, el documento señala que el expediente del Establecimiento Público Ambiental (EPA) de Buenaventura, que contiene antecedentes administrativos relevantes, no fue tenido en cuenta al momento de emitir la resolución. Este expediente fue remitido a la Anla únicamente después de que se oficializó la suspensión.

“No fueron considerados, ni valorados, ni analizados, todos los antecedentes administrativos que en materia de seguimiento y control se venían realizando al proyecto por parte de dicha autoridad ambiental urbana”, dice el oficio expedido por la Procuraduría.

La suspensión preventiva del muelle 13 fue ordenada por la Anla, debido a presuntas deficiencias en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) aprobado en 2002. Según la resolución, estas deficiencias dificultan la identificación de riesgos y afectaciones generadas por las actividades portuarias, así como la implementación de medidas de protección adecuadas.

Además, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, respaldó la decisión de la Anla, señalando que en las instalaciones del muelle se encontraron residuos de palomas que podrían contaminar alimentos almacenados en las bodegas.

Sin embargo, la Procuraduría argumentó que la medida adoptada por la Anla no es proporcional ni razonable en relación con los hechos señalados. En el oficio de siete páginas firmadas por el procurador delegado Gustavo Guerrero, se detalla que la decisión no demostró todos los antecedentes administrativos disponibles, lo que podría afectar la validez del acto administrativo. Según el ente de control, la falta de análisis integral de la información compromete la motivación de la resolución.

Durante la visita técnica realizada por delegados del Ministerio Público, se constató que los productos almacenados en las bodegas del Muelle 13 no están destinados al consumo humano directo, sino que son utilizados para la fabricación de alimentos concentrados para animales y fertilizantes.

Además, se verificó que los granos están organizados y señalizados en las diferentes secciones de las bodegas. En cuanto al problema de las palomas, el operador del muelle implementó medidas de control como cañones sónicos y figuras de búhos espantapájaros para ahuyentar a estas aves.

La Procuraduría concluyó que las condiciones actuales del muelle no justifican la suspensión de sus operaciones. Según el análisis del ente de control, las medidas adoptadas por el concesionario son suficientes para mitigar los riesgos señalados por la Anla y garantizar el cumplimiento de las normas ambientales.

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el tema a través de sus redes sociales, afirmando que no existe una concesión válida sobre el Muelle 13 y que este fue destruida por el arrendatario. En su mensaje, Petro anunció que el gobierno exigirá al arrendatario que exija una indemnización por los daños causados a este bien público. Además, aseguró que el muelle será puesto al servicio de la economía popular, destacando que su propietario es la nación.

Estas declaraciones generaron un nuevo foco de atención sobre el futuro del Muelle 13, que no solo enfrenta cuestionamientos ambientales, sino también disputas legales y políticas en torno a su administración y uso.

La suspensión de las operaciones en el Muelle 13 tiene implicaciones significativas para Buenaventura, uno de los principales puertos de Colombia. La terminal portuaria desempeña un papel clave en la economía local, ya que facilita el comercio marítimo y genera empleo en la región. La medida de la Anla ha generado preocupación entre los actores económicos y sociales de la zona, quienes temen que la paralización de actividades afecta la competitividad del puerto y agrava las dificultades económicas de la comunidad.

Por su parte, el Grupo Portuario S.A., operador del muelle, defendió su gestión y señaló que cumple con las normativas ambientales vigentes. Según el concesionario, las acusaciones sobre contaminación de alimentos son infundadas, ya que los productos almacenados no están destinados al consumo humano directo.

El caso del Muelle 13 pone de manifiesto la necesidad de un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección ambiental. Mientras la Procuraduría insiste en que la suspensión de las operaciones no está justificada, la Anla y el Ministerio de Ambiente defienden la medida como una acción preventiva para garantizar la seguridad ambiental y sanitaria.

En los próximos días, se espera que la Anla evalúe la solicitud de la Procuraduría y determine si levanta la suspensión del Muelle 13. Este proceso será clave para definir el futuro de la terminal portuaria y su impacto en la economía de Buenaventura y el país.