En abril de 2024, se confirmó la intervención de la Superintendencia de Salud contra la EPS Sanitas, proceso que se llevó a cabo por supuesto incumplimiento en los requisitos de habilitación financiera , por deudas que superaban los dos billones de pesos con los prestadores de servicio.
El proceso fue demandado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (Ciadi) por Natanor XXI y Centauro, dueños del Grupo Keralty, del cual hace parte la prestadora de salud.
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De acuerdo con El Tiempo, Guillermo de Lorenzo, vocero del Grupo Keralty, la agrupación pretende una indemnización por perjuicios por 1.2 billones de dólares, es decir, 5.2 billones de pesos.
El conjunto de empresas españolas, propietaria de la EPS Sanitas, afirmaron en una declaración que la declaración del Gobierno “constituyen un trato arbitrario, discriminatorio e injusto, que ha derivado en la destrucción del valor económico de EPS Sanitas, en perjuicio de sus accionistas, colaboradores, y la sociedad colombiana en general”.
La solicitud de arbitraje ante el Ciadi, termina el trámite de conciliación con el Estado colombiano, argumentado que la decisión se da por las presuntas violaciones adoptadas por el Gobierno Petro sobre las inversiones a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS).
En declaraciones reveladas por El Tiempo, de Lorenzo manifestó que “el arbitraje trae causa del incumplimiento múltiple reiterado por parte del Estado colombiano con sus compromisos con la EPS Sanitas, tanto bajo la normatividad del sistema de salud como bajo el Derecho internacional. Muy en particular apuntábamos el incumplimiento por parte del Estado colombiano con su obligación de garantizar la suficiencia financiera del sistema de salud, incumplimiento que provoca, como es convencido a día de hoy, una crisis financiera, un déficit financiero en nuestro sistema de salud colombiano”.
Además, aseguró que intentaron llegar a una conciliación con el Gobierno nacional, previo a instaurar la billonaria demanda ante el Ciadi.
“Esta solicitud también se presentó en la medida en que no se pudo resolver en la fase de negociaciones la controversia entre las partes, al margen de la causa del arbitraje y de los aspectos detallados del proceso”, indicó Guillermo de Lorenzo.
Según el vocero del Grupo Keralty, la solución que plateaban era que el Ejecutivo adoptara medidas para garantizar la suficiencia financiera del sistema de salud; sin embargo, los accionistas advirtieron que los esfuerzos realizados con el Gobierno “fueron infructuosos”.
“Cualquier cantidad, toda cantidad que se obtenga las resultas de ese arbitraje, cualquier indemnización, se destinará al fortalecimiento y a la recomposición del daño causado al sistema de salud como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones por parte del Estado colombiano”, agregó la declaración de Guillermo de Lorenzo y revelado por El Tiempo.
En el momento en el que la entidad intervino la EPS, varios políticos cuestionaron la decisión y alertaron sobre consecuencias nefastas para los colombianos, entre ellas, la senadora Paloma Valencia, actual precandidata a la Presidencia de 2026. Luego de más de ocho meses de intervención, y con una demanda problemática, la congresista se pronunció, exigiendo respuestas por parte de quienes ordenaron y permitieron la intervención.
Según explicó en su cuenta de X, si la demanda surte efecto, el Estado colombiano tendría que asumir una costosa compensación. Esto, en medio de una situación financiera preocupante, que trata de resolverse con una política de austeridad. En consecuencia, aseguró que los responsables deberían dar aportes con sus propios recursos.
“Las demandas internacionales sobre el tema de Sanitas van a ser muy costosas para Colombia. Los petristas que tomaron esas decisiones abusivas e ilegales deberían responder con su propio patrimonio”, precisó la senadora.
En abril de 2024, la congresista del Centro Democrático aseguró que la decisión tomada por la entidad de vigilancia evidenciaba un interés de carácter político por parte del Gobierno nacional, que, a su juicio, estaría teniendo características propias de una dictadura.
“Se la entregan a un interventor que se va a robar todo, como se han robado todas las EPS en este país, porque el peor momento de la salud colombiana es cuando el Estado la toma, porque se la entregan a los políticos para que la depreden”, indicó Valencia desde el Congreso de la República.
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