Caso de Epa Colombia revive alternativa legal para la reinserción social de mujeres privadas de la libertad

La Defensoría del Pueblo emitió la Resolución Defensorial 2024 con el objetivo de garantizar la implementación efectiva de la Ley de Utilidad Pública, Ley 2292 de 2023, una normativa que podría beneficiar a más de 5.000 mujeres privadas de la libertad en Colombia. Durante una visita a la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, en diciembre de 2024, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, explicó los alcances de esta iniciativa y las medidas adoptadas para superar los obstáculos en su aplicación.

La ley permite a mujeres condenadas por ciertos delitos, como el tráfico de estupefacientes y delitos contra el patrimonio económico, acceder a penas sustitutivas de servicios de utilidad pública si cumplen con los requisitos legales. Este beneficio se aplica a aquellas cuyas penas no superen los ocho años de prisión.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Según Marín, “esta norma es la primera en el país que, con enfoque de género, contempla la posibilidad de ejecutar una sanción penal de manera restaurativa, permitiendo cumplir la pena de forma extramural en actividades de impacto social y, a su vez, que la mujer pueda proveer y acompañar a sus hijos”.

Aunque el anuncio se realizó a finales de 2024, cobró mayor relevancia tras la detención de la creadora de contenido Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, en la mencionada cárcel. Esto llevó a que varios usuarios en redes sociales sugirieran que podría acogerse a este beneficio o recurrir a la Defensoría del Pueblo en busca de apoyo.

No obstante, la aplicación de esta ley se vio limitada por el desconocimiento de la norma y la interpretación restrictiva de algunos operadores judiciales: “El número de penas concedidas hasta ahora es muy bajo debido al desconocimiento de esta ley y a la interpretación restrictiva de algunos operadores judiciales, que se han negado a implementar un enfoque diferencial y de género. Por eso surge la necesidad de adoptar esta Resolución Defensorial”, explicó la defensora del Pueblo.

La Resolución Defensorial 2024 establece medidas concretas para garantizar la aplicación efectiva de la ley, entre ellas:

• Plan de acción: Se ordena a las dependencias de la Defensoría del Pueblo elaborar un plan conjunto en los próximos 30 días para ampliar el uso de esta alternativa y proteger los derechos de las mujeres privadas de la libertad.
• Monitoreo y ampliación de plazas: Se exhorta al Ministerio de Justicia a continuar con el monitoreo de la implementación de la ley y a promover la creación de más plazas para servicios de utilidad pública en municipios apartados.

• Capacitación a operadores judiciales: Se invita al Consejo Superior de la Judicatura a capacitar a jueces y fiscales en el enfoque diferencial y de género para evitar interpretaciones restrictivas que limiten el acceso al beneficio.
• Intervención de la Procuraduría: Instan a la Procuraduría General de la Nación a adoptar acciones similares a la resolución para garantizar la participación de procuradores delegados ante los jueces penales y fomentar la aplicación de la pena sustitutiva.
• Programas restaurativos y oportunidades laborales: Exhorta a alcaldías y gobernaciones a implementar programas que permitan a las beneficiarias desarrollar actividades restaurativas y acceder a oportunidades laborales paralelas a los servicios comunitarios.

Desde la Defensoría del Pueblo se destacó que esta iniciativa no solo facilita una forma alternativa de cumplimiento de penas, sino que también promueve la reinserción social de las mujeres en prisión. “Este es un avance significativo en la justicia con enfoque de género, pero requiere el compromiso de todas las instituciones involucradas”, puntualizó Marín Ortiz.

La aplicación de la Ley de Utilidad Pública representa una medida clave en la humanización de las penas y la garantía de los derechos fundamentales de las mujeres privadas de la libertad; sin embargo, para su implementación efectiva, es fundamental la articulación entre las instituciones del Estado, el sector judicial y las autoridades locales.

Con estas acciones, se busca transformar el sistema penitenciario en un modelo más incluyente y restaurativo, en el que las mujeres privadas de la libertad tengan mayores oportunidades para reconstruir sus proyectos de vida y contribuir de manera positiva a la sociedad.