Álvaro Uribe arremetió de nuevo contra Iván Cepeda: “Recorría cárceles ofreciendo beneficios para que me acusaran”

El caso que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de presunto soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal, tuvo un nuevo episodio entre el exmandatario y la bancada de víctimas del caso, liderados por el senador Iván Cepeda.

En un comunicado de prensa, las víctimas hicieron una petición al Tribunal Superior de Bogotá para que se resuelva la apelación interpuesta por la defensa del exsenador, con el propósito de que se inicie el juicio contra Uribe.

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“Dos meses después de haber sido enviado el expediente al Tribunal Superior de Bogotá, este no ha decidido acerca del recurso pendiente de definición y, por tanto, las audiencias del juicio oral programadas para los días 23 y 24 de enero de la anualidad no pudieron llevarse a cabo. Igual suerte correrán las previstas para los días 30 y 31 de este mes, si para esa fecha no ha concluido su trámite y el expediente no ha regresado al despacho de conocimiento”, mencionaron la bancada de víctimas en el comunicado.

Igualmente, aseguraron que, una vez se resuelva la apelación y se dé el inicio del proceso penal contra el expresidente, “se evitará la prescripción de la acción penal de las conductas punibles objeto de acusación”.

En respuesta a ello, Álvaro Uribe lanzó nuevos cuestionamientos contra el senador del Pacto Histórico, al considerar que la apelación al fallo emitido por el tribunal, se contempla en la defensa de su reputación.

“No hablen de víctimas que el Senador Cepeda recorría cárceles en el país y en el extranjero ofreciendo beneficios para que me acusaran. Después de mucho tiempo, ante informaciones que me llegaban sobre esas gestiones del Senador Cepeda, pedí verificaciones, de frente y con transparencia. Todo lo envié a la Corte, sin filtros ni modificaciones. Y aparecí como sobornador de testigos que engañaba a la Corte”, escribió el expresidente en su cuenta de X.

Así mismo, el exgobernador antioqueño indicó que el senador Iván Cepeda “ha utilizado los Derechos Humanos para urdir infamias en mi contra. Ha sido su plataforma política (...) he ejercido mi legítimo derecho a defender mi reputación”.

En qué va el caso Uribe

El 20 de noviembre de 2024, el Juzgado 44 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá resolvió las solicitudes de pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, los representantes de las víctimas y la defensa técnica del acusado.

Sin embargo, esta decisión fue apelada tanto por la defensa de Uribe Vélez como por la Procuraduría General de la Nación, lo que llevó al juzgado a conceder la apelación, en efecto suspensivo, durante una audiencia celebrada el 28 de noviembre de 2024.

El efecto suspensivo de la apelación implicó que el expediente fuera remitido a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá para su revisión. En el oficio remisorio, el juzgado advirtió que la acción penal podría prescribir si no se resolvía el recurso con prontitud. No obstante, dos meses después de su envío, el tribunal aún no ha emitido una decisión al respecto, lo que ha generado preocupación entre las víctimas y sus representantes legales.

Las apelaciones presentadas por el equipo jurídico del expresidente Uribe se refieren a las pruebas admitidas por la jueza Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 de Conocimiento de Bogotá, durante las audiencias preparatorias en el caso judicial que enfrenta el exmandatario.

El abogado Jaime Granados, defensor del expresidente, explicó que la fijación de la fecha para el inicio del juicio contra el exjefe de Estado, que estaba previsto para el 23 de enero de 2025, no debió realizarse hasta que se resolvieran estas apelaciones.

“Ciertamente, los honorables magistrados, en la primera de los motivos de disconformidad, se refiere justamente al aspecto central de este proceso de las exclusiones que le fueron negadas. Y para ello, nos referimos en primer lugar al primer grupo que tiene que ver con las interceptaciones telefónicas del doctor Álvaro Uribe Vélez”, declaró Granados.

El caso continúa generando un intenso debate en Colombia, no solo por las implicaciones legales para el expresidente, sino también por su impacto en el panorama político del país.