El desplazamiento masivo de habitantes del Catatumbo (Norte de Santander), el confinamiento y el asesinato de decenas de personas representan una compleja crisis humanitaria que puso en alerta a todo Colombia. La grave situación de orden público y el riesgo que están corriendo los ciudadanos en el departamento por la cruenta guerra que se está gestando entre las disidencias de las Farc y el ELN, llevaron a que la población pida auxilio y protección.
En consecuencia, organizaciones sociales de la región enviaron una carta a la Defensoría del Pueblo, que está dirigida al ELN y al Estado Mayor de Bloques (disidencias), pidiendo que interceda para ayudar a la ciudadanía en materia humanitaria. Requieren ayuda en el rescate de seres queridos y en la recuperación de cuerpos.
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Solicitaron entonces “un cese inmediato de las intimidaciones, los hostigamientos, homicidios selectivos y amedrentamiento en contra de la población civil”.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció al respecto ante los medios de comunicación: “Como defensora del Pueblo me comprometo a transmitirla formalmente a los grupos armados que hacen presencia en la región del Catatumbo, al Estado Mayor de los Bloques Frente 33 de las extintas Farc, así como al ELN”, precisó la funcionaria.
Aseguró que las acciones criminales de los grupos armados en del departamento constituyen una clara violación al derecho internacional humanitario y al principio de distinción. Pues, ahora mismo, hay cientos de personas en estado de vulnerabilidad e indefensión extrema; están en riesgo de ser asesinadas y, según detalló, no hay una capacidad adecuada para protegerlas y rescatarlas.
La falta de efectividad del Estado en la respuesta ante la crisis humanitaria empeora la situación de confinamiento y de desplazamiento forzado en la región, que afecta en mayor medida a las personas mayores, con condiciones de salud especiales o con discapacidades, así como a las mujeres gestantes y a los niños, niñas y adolescentes.
En ese sentido, la defensora explicó que transmitirá la solicitud a los grupos armados, porque debe ser una exigencia para ellos el no involucrar a la población civil en la guerra. Asimismo, aseguró que las personas desplazadas, que son miles, están llegando a las cabeceras municipales de los municipios más afectados y a otros puntos como Ocaña y Cúcuta.
“La Defensoría del Pueblo les quiere decir que no están solos, que no están solas, vamos a acompañar a los procesos organizativos, a las personas de todos los municipios, independientemente de la situación por la que hayan pasado. Y, vamos a transmitir estas solicitudes a muchas autoridades”, detalló.
Aunque las autoridades locales, departamentales y gubernamentales tienen pleno conocimiento del grave panorama que hay en la región y que, en consecuencia, se han tomado acciones para proteger a la ciudadanía, lo cierto es que se deben reforzar las medidas. “La institucionalidad no está pudiendo entrar a rescatar y a garantizar la vida de la gente”, aclaró.
Sobre la recuperación de cuerpos, explicó que varios han podido ser rescatados y están en proceso de identificación. Sin embargo, todavía quedan muchos en el territorio y es difícil conocer su ubicación exacta. Las labores se complican porque el control de los grupos armados a nivel territorial es “muy fuerte” y solo ciertas autoridades pueden ingresar.
Con respecto al número de personas asesinadas hasta el momento, indicó que los reportes dan cuenta de más de 80 víctimas. No obstante, aclaró que la situación está en seguimiento y que obtener las cifras exactas es una tarea compleja, teniendo en cuenta que no hay acceso humanitario en varias zonas del departamento.
Así las cosas, se unió a la petición de las organizaciones sociales de instar al ELN y a las disidencias de las Farc a terminar con las hostilidades y a cesar los ataques a la población civil. “Que permitan el acceso humanitario. Hay mucha gente que está en condiciones extremas de sufrimiento inaceptable”, añadió.
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