En la mañana del martes 14 de enero de 2025, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia determinó que podrán otorgar beneficios jurídicos para quienes no están aforados en la investigación referentes al entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd), es decir, quienes se encuentran con acuerdos con la Fiscalía General de la Nación.
Según información revelada por Blu Radio, aquellos que puedan acceder a dicho beneficio deberán entregar información efectiva y soportada ante los magistrados del alto tribunal, con el objetivo de avanzar en el caso judicial.
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Igualmente, la Corte Suprema indicó que esta decisión fue adoptada por la falta de colaboración de la Fiscalía con la entrega de información del caso, ya que en la actualidad, solo han enviado múltiples documentos y testimonios, como por ejemplo, el de la exasesora del exministro Ricardo Bonilla, María Alejandra Benavides.
Entre los implicados en el mayor escándalo del Gobierno de Gustavo Petro que podrían recibir este amparo legal mencionado por el alto tribunal se encuentran los congresistas Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrid Manrique Olarte, al igual que el representante Juan Diego Muñoz Cabrera.
Según la investigación, los parlamentarios que integran la Comisión de Crédito Público habían recibido tres contratos la entidad, con tal de que se aprobaran empréstitos internacionales, previamente presentados por el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
En este contexto, la Corte Suprema busca desentrañar la red de corrupción que involucra tanto a legisladores como a otros actores. La posibilidad de otorgar beneficios judiciales a no aforados podría ser clave para obtener testimonios y pruebas que permitan avanzar en el caso.
Para el martes 14 de enero, estaba prevista la audiencia de formulación de acusación contra los implicados en el entramado de corrupción como Olmedo López, exdirector de la Ungrd, Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, Luis Eduardo López, conocido como El Pastuso; Pedro Rodríguez Melo y Luis Carlos Barreto.
Sin embargo, el alto tribunal decidió aplazar esta diligencia para una nueva fecha, sin mencionar los motivos para tal fin, lo que podría tener relación con el cambio de metodología investigativa anunciada por la Corte Suprema de Justicia. Según el juzgado cuarto penal especializado de Bogotá, estaba previsto que se presentaran los preacuerdos alcanzados entre los involucrados en el caso con el ente acusatorio.
Preacuerdos de la Fiscalía con implicados en el caso Ungrd
Durante el desarrollo de este caso, la Fiscalía ha otorgado un preacuerdo con los exfuncionarios de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes han colaborado con información referente sobre la actuación de algunos exfuncionarios del Gobierno de Gustavo Petro que habrían colaborado en la entrega de contratos de la entidad.
Por estos hechos, la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, fue judicializada por su vinculación con la entrega de dinero al entonces presidente del Senado, Iván Name, ya que según las pruebas entregadas por Pinilla ante la justicia, fue la encargada de llevar los 3.000 millones de pesos al congresista del partido Alianza Verde, a cambio de aprobar las reformas sociales de la administración Petro.
“Ella era el enlace para el tema que sucedió en los carro-tanques. Era una mensajera. Al presidente del Senado se le tenían que entregar 3.000 millones de pesos y ella fue la persona a la cual yo le hago la entrega y la acompaño posteriormente a un sitio en Bogotá a hacer la entrega del recurso. No lo vi (a Iván Name), pero vuelvo y repito: ella era el enlace. No iba a atenderme directamente a mí”, explicó Sneyder Pinilla en uno de los interrogatorios dados ante la Fiscalía.
Además de Sandra Ortiz, otros funcionarios del gabinete del presidente Gustavo Petro, involucrados en el caso de la Ungrd son Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Luis Fernando Velasco, exministro de Defensa, entre otros.
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