En la noche del miércoles 18 de diciembre de 2024, la Cámara de Representante aplazó para febrero de 2025 la discusión del segundo debate de la reforma a la Salud, tras la aprobación de 23 artículos de los 62 que componen el proyecto.
Esto, a pesar de los intentos desesperados de la bancada de Gobierno y el gabinete ministerial, que intentaron mantener el cuórum para garantizar la discución; además de los llamados de algunos gremios del sector para que se discutiera el articulado.
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Al respecto, la Junta Médica Nacional (JMN), emitió un comunicado el miércoles 18 de diciembre de 2024, en el que expresó su “profunda preocupación” ante la grave crisis que enfrenta el sistema de salud, que ha venido “agravándose durante décadas debido a problemas estructurales no resueltos”.
Aseguró que en la actualidad, de las 157 Entidades Promotoras de Salud (EPS) creadas inicialmente para administrar el sistema de salud, únicamente permanecen activas 26. Sin embargo, una parte significativa de estas enfrenta graves problemas de sostenibilidad financiera, lo que pone en riesgo su operación y la prestación de servicios a los usuarios.
El gremio médico expuso que las EPS vienen operando bajo un modus operandi que se ha perpetuado sin ninguna restricción. Afirma que se enriquecen gracias a los recursos de los colombianos, para luego entrar en liquidación, “dejando a su paso deudas billonarias con trabajadores y trabajadoras de la salud, hospitales, clínicas y proveedores, mientras los verdaderos dueños se enriquecen con los recursos públicos, desviándose muchos de ellos hacia negocios particulares“.
“(...) financiando campañas políticas, ejerciendo presión en medios, y al Congreso de la República, para que del presupuesto de los colombianos se asuma el pago del gigantesco hueco financiero quien han acumulado durante tres décadas”, añadieron en el comunicado.
Por ello, la JMN sostuvo que de aplazarse la discusión de la reforma a la salud, tal como se confirmó en la noche del miércoles, la responsabilidad ante la inminente crisis del sector recae exclusivamente en el Congreso de la República.
“En este orden de ideas, la responsabilidad es clara y recae sobre el Congreso. Aplazar la solución a esta crisis no solo es irresponsable, sino que además es cruel e implica una omisión deliberada frente al derecho fundamental a la salud de los colombianos”, aseveró el mencionado gremio.
La JMN enfatizó la necesidad de una reforma que priorice a pacientes y trabajadores de la salud, asegure la gestión pública de los recursos, garantice acceso equitativo a servicios, adopte un enfoque preventivo y promueva la Atención Primaria en Salud centrada en prevención, promoción y participación comunitaria.
“En tal sentido, hacemos un llamado al Congreso de la República para que asuma su responsabilidad histórica pensando en el bienestar de la población. La salud de los colombianos no puede esperar más. La prolongación de esta crisis tiene consecuencias devastadoras, especialmente para las poblaciones más vulnerables (...) La historia juzgará a quienes, teniendo la oportunidad de actuar y reformar, para bien, prefirieron postergar soluciones. La salud no es negociable”, complementó en el comunicado.
Cabe señalar que, una vez terminada la sesión en Cámara de Representantes, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, reconoció que no va a haber un consenso total en relación con la reforma debido a que “no quieren una reforma a la salud”. Además, dijo que como Gobierno continuarán buscando los consensos necesarios para su aprobación el próximo año.
“(...) Hay que ser claro, consenso total no va a haber, hay sectores que no quieren una reforma a la salud; además, a mí me parece que es válido, legítimo. El Gobierno considera que el sistema no le sirve a la salud de los colombianos, pero especialmente a la salud de la gente que vive en los territorios más marginados de Colombia, en donde hay unas barreras para el acceso para los ciudadanos que debemos superar y esta reforma contiene las medidas para superarlo (...)“, afirmó a medios de comunicación.
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