Paloma Valencia advirtió que la reforma tributaria de Petro podría subir impuestos a pequeños negocios hasta un 4.000%

La reforma tributaria propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro genera inquietudes entre algunos sectores del Congreso, particularmente por su impacto en las pequeñas empresas. La senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, criticó duramente el proyecto, argumentando que podría imponer cargas fiscales desproporcionadas a pequeños negocios como ferreterías, talleres de carros, lavanderías, piñaterías y zapaterías.

Valencia señaló que el proyecto de ley plantea la eliminación del régimen simple, lo que resultaría en un cambio significativo para estos comercios. Según sus cálculos, un negocio con ventas anuales de 200 millones de pesos, que actualmente paga 328.000 pesos en impuestos, podría terminar pagando 16,3 millones. “El régimen simple se creó en el 2018 para pagar menos, aumentar la formalidad y facilitar los pagos. Ahora, los pequeños negocios tendrán que pagar todo por separado y con una tasa del 27%”, expresó la congresista.

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Por otro lado, Valencia advirtió que los minimercados de barrio con ventas similares, que ahora pagan un impuesto de 1,4 millones de pesos, pasarían a pagar 8,1 millones con las nuevas reglas. En negocios con mayores ingresos, como aquellos que alcanzan ventas de 700 millones anuales, el aumento también sería drástico: pasarían de pagar 12,4 millones a 28,4 millones.

Los sectores más afectados no solo serían los pequeños comercios, también restaurantes, panaderías y piqueteaderos. Valencia explicó que establecimientos con ventas de 200 millones, que actualmente pagan 3,3 millones de pesos en impuestos, tendrían que desembolsar hasta 21,6 millones. Además, empresas de servicios profesionales y negocios de reciclaje, que hoy aportan 400.000 pesos en el régimen simple, verían su carga fiscal multiplicada hasta llegar a 1,6 millones, e incluso otros tipos de consultoras podrían pasar de pagar 8,9 millones a 27 millones.

Un punto destacado por la congresista es la eliminación de los beneficios que otorgaba el régimen simple. Este esquema, según Valencia, no solo permitía simplificar el pago de tributos, también brindaba exenciones como las retenciones en la fuente por renta e ICA, descuentos del 4 por mil, y alivios en los aportes de pensiones y parafiscales. “Todos estos beneficios son eliminados en la reforma tributaria”, enfatizó.

La discusión formal de la reforma iniciará en las comisiones económicas del Congreso. El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, busca que el proyecto sea aprobado antes de fin de año para garantizar la financiación del presupuesto nacional del próximo ejercicio fiscal. Sin embargo, el debate promete ser complejo, pues voces como la de Valencia continúan insistiendo en los riesgos que esta normativa podría representar para los pequeños negocios del país.

La lupa en la economía

Si las estimaciones presentadas por la senadora Paloma Valencia se materializan, las implicaciones económicas para las pequeñas empresas en Colombia podrían ser severas y afectar directamente a la estabilidad económica del país. Estos negocios, que representan una parte significativa del empleo y el comercio local, tendrían que enfrentar una carga fiscal que podría llevarlos a la informalidad o incluso al cierre definitivo.

El aumento proyectado de los impuestos, en algunos casos de hasta un 4.000%, implicaría una reducción considerable en los márgenes de ganancia de sectores como ferreterías, talleres, lavanderías y minimercados. Esto podría desencadenar despidos masivos, ya que muchos empresarios no tendrían capacidad para asumir simultáneamente los costos operativos y las nuevas obligaciones tributarias.

Además, la desaparición del régimen simple significaría una mayor complejidad administrativa. La necesidad de realizar múltiples pagos separados y de cumplir con requisitos fiscales adicionales no solo encarecería la operación de los negocios, también desincentivaría a nuevos emprendedores, generando un impacto negativo en la creación de empleo.

Por otro lado, la eliminación de beneficios como las exenciones de retenciones, descuentos del 4 por mil y alivios en aportes parafiscales reduciría el atractivo de la formalidad. Esto podría traducirse en una disminución de la base tributaria a largo plazo, agravando la ya compleja situación fiscal del país. En un escenario más amplio, el debilitamiento del tejido empresarial local podría impactar negativamente el consumo, la inversión y el crecimiento económico, erosionando la confianza de los inversionistas en el mercado colombiano.