Defensa de Sandra Ortiz denuncia que fue presionada para firmar un principio de oportunidad

En medio de la audiencia que define si Sandra Ortiz va o no a la cárcel, el abogado Oswaldo Medina, defensor de la exconsejera presidencial para las regiones, denunció que su clienta fue presionada por la Fiscalía General para firmar un principio de oportunidad en medio de una investigación por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Según Medina, estas presiones ocurrieron durante las indagatorias que Ortiz rindió ante la Fiscalía, a pesar de que la Procuraduría General ya había advertido sobre tales irregularidades.

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El abogado Medina presentó su denuncia ante la jueza tercera de control de garantías de Bogotá, destacando que las fiscales a cargo de la indagatoria vulneraron el debido proceso. Según él, estas acciones constituyen un claro mensaje de presión hacia su representada.

Además, Medina criticó la manera en que se llevó a cabo la imputación de cargos el pasado 29 de noviembre, señalando que hubo varios vacíos en los hechos investigados.

“Esto es un claro mensaje de presión hacia mi representada. Es ilógico que una persona que se le hace un primer arraigo se le hagan tres posteriores sin ninguna justificación. Cuando los investigadores de la Fiscalía se desplazaron a la casa de Sandra Ortiz, ella les indicó que si quería les entregaba el pasaporte para demostrarles que ella no se iba a volar, pero no, fue una escena de llanto, entre el asedio, la coacción, el escándalo. Los investigadores irrumpieron delante de todos los vecinos, solo para volver a tomar huellas cuando eso ya lo habían hecho”, detalló el abogado.

Medina argumentó que la Fiscalía no realizó una investigación adecuada antes de imputar los cargos, sino que utilizó la imputación como un medio para iniciar la investigación. Esta situación, según el abogado, refleja una improvisación por parte de la Fiscalía en el caso de Sandra Ortiz.

“La Fiscalía no ha tenido en cuenta su condición de única mujer investigada, de madre de una hija menor de edad, sino como usted lo podrá notar, señora juez de control de garantías, es la única persona imputada e investigada por el delito de lavado de activos. Ni a Sneyder Pinilla, ni a Olmedo López, ni a las más de 10 personas que la Fiscalía investiga en este momento, ni la Corte Suprema de Justicia que está investigando a los senadores y representantes a la Cámara que dicen haber tenido alguna vinculación con esta investigación por el delito de lavado de activos”, añadió el jurista.

El caso de Ortiz ocurre en un escándalo de corrupción que involucra a la Ungrd, una entidad encargada de gestionar el riesgo de desastres en Colombia.

La denuncia de presiones indebidas por parte de la Fiscalía añade una nueva capa de complejidad a este caso, que ya ha captado la atención pública debido a las acusaciones de corrupción.

La situación de Sandra Ortiz

Según la información disponible, Ortiz está involucrada en un esquema de lavado de activos y tráfico de influencias, donde se le acusa de manejar y transferir grandes sumas de dinero ilícito provenientes de recursos fraudulentos de la Ungrd.

Parte de estos fondos desviados habrían sido utilizados para pagar sobornos a congresistas, con el fin de asegurar el apoyo legislativo a ciertas iniciativas del Gobierno. En este contexto, se señala que Ortiz entregó 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Congreso, Iván Name Vásquez.

Además, Ortiz habría gestionado una adición presupuestal a un contrato en el departamento del Atlántico, con la colaboración de Olmedo López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, quienes ocupaban los cargos de director y subdirector de la Ungrd, respectivamente. Ambos exfuncionarios han admitido su participación en el esquema de corrupción y están colaborando con la justicia para obtener beneficios legales.

La Procuraduría General de la Nación ha respaldado la solicitud de la Fiscalía para que Ortiz sea encarcelada, argumentando que su detención es necesaria para evitar la obstrucción a la justicia y proteger la integridad del proceso judicial. Esta medida busca garantizar que el proceso avance sin interferencias y que se esclarezcan los hechos en torno a este caso de corrupción que involucra a altos funcionarios del gobierno.

Sin embargo, la defensa de Ortiz asegura que los chats que presentó Olmedo López fueron presentados de tal forma que parecieran que Ortiz había influido sobre él para entregar las coimas y así poder obtener beneficios legales.