La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia inició un proceso de investigación en torno a una denuncia presentada contra la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, por presuntamente haber ordenado la suspensión de unas órdenes de captura contra miembros de la disidencia de las Farc, específicamente del frente 36 de este grupo armado.
La denuncia fue radicada por el ciudadano Santiago Suárez Morales y se encuentra actualmente en etapa de conocimiento y ampliación dentro del proceso que podría tener implicaciones políticas y judiciales significativas.
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Este recurso fue formalizado el 24 de julio de 2024 y expone que la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, habría tomado decisiones en contra de las políticas de seguridad y de justicia que busca garantizar el Estado de derecho en Colombia.
En el escrito, conocido por Infobae Colombia, se hace un llamado explícito a que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que investigue a la funcionaria, con base en los principios establecidos en la Constitución Política, el Código Penal y la legislación internacional sobre la justicia transicional.
En su escrito, Suárez Morales resalta que la decisión de suspender las órdenes de captura de cabecillas de las disidencias de las Farc podría haber contravenido los compromisos establecidos en el Acuerdo Final de Paz de 2016, en lo que respecta a la justicia y la reparación de las víctimas.
El ciudadano también denunció que, al suspender las órdenes de captura, la fiscal no solo afectó los procesos judiciales, sino que además comprometió los esfuerzos por alcanzar la paz estable y duradera en Colombia: “Es fundamental que cualquier actuación relacionada con excombatientes de las Farc se realice dentro del marco legal establecido en el Acuerdo de Paz, garantizando así la implementación efectiva de los mecanismos de Justicia Transicional”, enfatizó en su queja, a la cual se refirió como una violación de las garantías jurídicas y políticas que busca asegurar la paz en el país.
La Comisión de Investigación y Acusación, por su parte, acordó iniciar una serie de diligencias para esclarecer los hechos denunciados. En su comunicado oficial del 28 de noviembre de 2024, se informó que se ha dado curso a la denuncia y se ordenó la ampliación del conocimiento sobre las decisiones tomadas por la fiscal en torno a las órdenes de captura.
Según lo establecido, el investigador encargado de la denuncia será el representante Leonardo Gallego Arroyave. Además, se subraya que la resolución de la denuncia se basará en los parámetros legales, constitucionales y en el análisis detallado de la situación.
La controversia se originó a partir de la orden emitida por la Fiscalía General de la Nación de suspender la ejecución de varias órdenes de captura contra personas vinculadas al frente 36 de las disidencias de las Farc, lo que ha generado un debate sobre la efectividad del cumplimiento del acuerdo de paz y las garantías de seguridad en las zonas donde aún operan estos grupos ilegales.
La Fiscalía justifica su decisión en la promoción del diálogo y la negociación, tanto con las disidencias de las Farc como con el Clan del Golfo. Es así como la norma demandada dispone la suspensión de órdenes de captura contra líderes disidentes de las Farc, entre ellos Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrey, Yeison Alexis Ojeda Gilón, Wenser Yosony Duque, Juan Antonio Agudelo Salazar, Cándido Zambony Castillo, Henry Leonardo Carrillo Rivera y Erlinson Echavarría Escobar.
El ciudadano demandante ya había radicado una denuncia por los mismos hechos alegando un riesgo significativo para la seguridad nacional, pues estos individuos están vinculados a “delitos graves como narcotráfico y terrorismo, lo que genera preocupación por el posible aumento de actividades delictivas y la afectación a las víctimas del conflicto”.
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