Dónde está Jhoany Palacios Mosquera: congresista inhabilitado por la Contraloría sigue cobrando millonario sueldo, pero nadie lo encuentra

Desde el 31 de octubre el país conoció la sanción que había aplicado la Contraloría General de la Nación contra el representante a la Cámara Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera, del Partido Liberal, después de que el órgano de control encontrara varias irregularidades en un contrato que fue gestionado por su administración mientras fungió como gobernador del departamento del Chocó.

De hecho, la inhabilidad se dio por presuntos incumplimientos en la ejecución de un contrato de 24.418 millones de pesos. Este contrato, firmado durante su gestión como gobernador, tenía como objetivo la construcción de un sistema de gas natural para las ciudades de Istmina, Tadó, Unión Panamericana y Condoto.

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Según documentos de la Procuraduría obtenidos por La W, en abril de 2018 se emitió una resolución que declaró probadas irregularidades en torno a este proyecto, lo que llevó a la suspensión preventiva de dos proyectos de inversión en el departamento.

Lo que generó revuelo en el Congreso es que, a pesar de la sanción interpuesta por el órgano de control en el año 2023, Palacios Mosquera siguió asistiendo a las sesiones plenarias de la cámara baja y, más grave aún, la secretaría general de la Cámara de Representantes no tiene notificación de la inhabilidad.

“Este despacho no tenía conocimiento de la presunta sanción impuesta al honorable representante a la Cámara, Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera (...) al no contar con notificación de fallo alguno que nos permita que efectivamente se deba ejecutar la sanción, la Presidencia no puede proceder a realizarla hasta tanto seamos notificados por la autoridad correspondiente; por tal motivo, se inició el trámite de las averiguaciones y el estado de la presunta sanción”, señala una respuesta de la célula legislativa a un veedor del Chocó, revelada por El Tiempo.

En respuesta a las acusaciones, Palacios Mosquera emitió un comunicado en el que defendió su gestión como mandatario departamental. Aseguró que los pagos realizados en el marco del proyecto corresponden a actas firmadas y aprobadas por el contratista, el interventor y el supervisor.

“El fallo en mi contra emitido por la Contraloría, presenta serias inconsistencias que están siendo analizadas por mi equipo jurídico. Confiamos en que, mediante el uso de los mecanismos legales establecidos, se garantizará el respeto a mi derecho a la defensa y al debido proceso”, se lee en su comunicado.

Además, hizo énfasis en que no puede ser responsabilizado por hechos ocurridos antes del 1 de enero de 2016, fecha en la que asumió como gobernador. Palacios también cuestionó el fallo de la Contraloría, alegando que contiene inconsistencias que buscará desvirtuar legalmente para garantizar su derecho a la defensa y al debido proceso.

“Mi responsabilidad se limita estrictamente al periodo de mi gestión, hacerlo de otra manera violentaría flagrantemente la ley 610 de 2000 y la Constitución Política de 1991″, señaló el hasta ahora congresista del Partido Liberal.

Pero Palacios se habría convertido en una “congresista fantasma” pues, desde que se conoció sobre su sanción que también incluye el pago de 1.306 millones de pesos, no ha respondido a medios de comunicación, mientras que en su UTL (Unidad de Trabajo Legislativo) tampoco dan razón del representante.

Incluso, el periodista de La W Juan Diego Alvira intentó localizar a Jhoany Palacios en el Congreso de la República para obtener su versión de los hechos. Aunque inicialmente no pudo encontrarlo en su oficina, el secretario de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, Juan Carlos Rivera, confirmó que Palacios había estado presente en una sesión plenaria del lunes 18 de noviembre, donde incluso se discutió un proyecto del cual él es ponente.

Además, distintos medios de comunicación han intentado encontrar al representante, pero el congresista no ha respondido a los mensajes ni llamadas de los distintos medios de comunicación, incluido Infobae Colombia.