Jesús Emiro Pereira Rivera, conocido con el alias de Huevo de Pisca, y que está condenado a 40 años de prisión por delitos de secuestro, tortura agravada y acceso carnal violento contra la periodista Jineth Bedoya, se encuentra prófugo desde hace más de dos años.
Según la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), la fuga de Pereira Rivera representa un riesgo elevado para la seguridad de Bedoya, que ha enfrentado amenazas de muerte en los últimos meses.
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La Flip informó que el 9 de septiembre se conoció que Pereira Rivera había sido liberado por una decisión judicial de la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín. Aunque esta decisión fue revocada poco después, el paradero de Pereira Rivera sigue siendo desconocido.
La organización destacó que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó la suspensión de la condena el 23 de marzo de 2022, pero desde entonces no se ha logrado capturar al fugitivo.
La Fiscalía 69 delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Bogotá, junto con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), inició investigaciones tras la revocatoria de la libertad de Pereira Rivera. Sin embargo, hasta el momento, no se ha obtenido información relevante que permita su captura.
La Flip también criticó que ninguna autoridad judicial haya notificado a Bedoya ni a sus abogados sobre la fuga, lo que afecta sus garantías judiciales y su derecho a la vida e integridad.
La situación también contraviene la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó al Estado colombiano sancionar a los responsables de los actos de violencia y tortura cometidos contra Bedoya.
La Flip subrayó que la libertad de Pereira Rivera no solo representa una violación a los derechos fundamentales de la periodista, sino que también desacata las órdenes internacionales emitidas en su favor.
Jineth Bedoya sufre violencia y negligencia judicial en colombia: caso revela deficiencias del sistema
El 25 de mayo de 2000, la periodista Jineth Bedoya Lima fue víctima de un brutal ataque que incluyó violación, tortura y secuestro. Este hecho ocurrió cuando Bedoya, quien trabajaba para el diario El Espectador, acudió a la cárcel La Modelo de Bogotá para entrevistar al jefe paramilitar Mario Jaimes, conocido como El Panadero. A pesar de la gravedad del caso, el proceso judicial ha avanzado lentamente, con solo dos condenas anticipadas hasta la fecha, según información disponible.
En 2003, Bedoya sufrió un segundo secuestro, esta vez a manos de las Farc en Caño Jabón, Meta, mientras investigaba la situación de orden público tras un secuestro masivo en 2002. Estos eventos impulsaron a Bedoya a liderar la campaña ‘No es hora de callar’ desde 2009, con el objetivo de que las mujeres víctimas de violencia sexual denuncien a sus agresores y compartan sus experiencias para recuperar su dignidad.
La periodista ha enfrentado un sistema judicial que, según se informa, ha mostrado negligencia y falta de voluntad política para investigar y sancionar a los responsables. Esta situación ha derivado en la revictimización de Bedoya y en el desconocimiento de sus derechos como víctima del conflicto armado. A pesar de las amenazas recibidas durante los últimos 17 años, Bedoya continúa su lucha por la justicia y la reconciliación.
Ante estos hechos, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión se pronunció diciendo que “en casos de violencia contra mujeres periodistas los Estados tienen, además de las obligaciones genéricas señaladas, una obligación reforzada de actuar con debida diligencia a partir de las disposiciones existentes en materia de los derechos de las mujeres, como los establecidos en la Convención Belém do Pará”.
Y añadieron que “Los Estados deben adoptar medidas de protección en casos específicos en los que determinadas mujeres periodistas corren un riesgo especial de ser víctimas de violencia, tomando en consideración las distintas formas de discriminación por otros motivos conexos como su raza, etnia, edad u orientación sexual, entre otros”.
El caso de Bedoya pone de manifiesto el escaso interés de las autoridades en buscar justicia efectiva para las víctimas de violencia sexual en el contexto del conflicto armado en Colombia. La falta de avances significativos en el proceso judicial refleja un panorama desalentador para quienes buscan justicia y reparación.
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