En el Congreso de Colombia, se están impulsando dos proyectos de ley que buscan fortalecer la protección animal mediante la creación de nuevos delitos. Uno de estos proyectos propone penalizar la zoofilia, mientras que el otro busca prohibir las mutilaciones estéticas en mascotas. De ser aprobadas, estas iniciativas podrían imponer penas de hasta tres años de cárcel y multas que alcanzarían los $78 millones para quienes cometan actos sexuales con animales, y sanciones de hasta $20 millones para quienes realicen mutilaciones estéticas sin justificación médica.
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La senadora Esmeralda Hernández, del partido Pacto Histórico, es la promotora del proyecto que busca reformar el Código Penal para tipificar la zoofilia como delito. Actualmente, la explotación sexual de animales es solo una circunstancia agravante del delito de maltrato animal. Según Hernández, la prohibición de la zoofilia no solo protegería a los animales del sufrimiento físico y psicológico, sino que contribuiría a prevenir la violencia sexual en general. En su ponencia, se argumenta que quienes abusan sexualmente de animales suelen buscar situaciones donde tienen control total, lo que también se refleja en otros contextos de vulnerabilidad humana.
“El tema de los animales todavía es complejo en el Congreso. Los legisladores tienen la idea de que hay temas más importantes, pero cuando ya se hace una asociación de animales con humanos, la perspectiva cambia”, dijo la también impulsora del proyecto no más olé
Por su parte, el senador Fabián Díaz Plata, de la Alianza Verde, presentó un proyecto de ley para sancionar las mutilaciones estéticas en mascotas. Esta iniciativa busca modificar el Código de Policía para considerar estas prácticas como formas de maltrato animal. La propuesta de Díaz pretende clasificar estas prácticas como formas de maltrato animal, imponiendo multas de $10,4 a $20,8 millones para quienes realicen procedimientos como la amputación de la cola, el corte de orejas, la extirpación de cuerdas vocales en perros o la extracción de uñas en gatos, sin justificación médica.
Ambos proyectos enfrentan desafíos en el Congreso, donde la protección animal no siempre es vista como una prioridad. Sin embargo, los autores de estas iniciativas confían en que el ambiente legislativo es favorable, especialmente tras la reciente abolición de la tauromaquia en el país. La discusión sobre la penalización de la zoofilia, que debía tener lugar hace una semana fue aplazada por falta de quórum, pero se espera que se retome próximamente.
La iniciativa, que debe superar cuatro debates legislativos, propone penas de prisión de uno a tres años, inhabilitación para trabajar con animales y multas que oscilan entre $6,5 y $78 millones. Según el texto, el objetivo es dotar a las autoridades de herramientas más efectivas para combatir este delito, sin sobrecargar el sistema judicial.
Este es el cuarto intento del Congreso por aprobar una legislación de este tipo, después de que intentos similares fracasaran en 2018, 2020 y 2022. La senadora Esmeralda Hernández y el senador Nicolás Albeiro Echeverry también han presentado una iniciativa que, aunque se centra en la comercialización de animales, incluye la prohibición de la mutilación. Hernández ha expresado su apoyo al proyecto de Díaz Plata, lo que podría aumentar sus posibilidades de éxito.
El contexto político parece favorable para estas iniciativas, especialmente después de la reciente COP16 en Cali, donde el Congreso, incluidos los presidentes del Senado y la Cámara, mostró interés en la protección animal. La abolición de la tauromaquia en la legislatura pasada también sugiere un cambio en la actitud del Capitolio hacia la protección de los derechos de los animales. Sin embargo, el futuro de estos proyectos aún es incierto, ya que las reformas del Gobierno siguen siendo una prioridad en la agenda legislativa.
Lo anterior ya que, pese a la creación del Grupo Especial para la Lucha Contra el Maltrato Animal de la Fiscalía en 2019, solo se han registrado 64 denuncias por maltrato animal con el agravante de abuso sexual. De estos casos, solo siete personas han sido imputadas, y apenas dos han recibido condenas. Estas cifras han motivado a los legisladores a buscar medidas más efectivas para combatir la zoofilia.
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