
El Partido Mira rechazó de manera tajante las acusaciones realizadas por Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social (DPS).
En un video, Bolívar sugirió que el gobierno del presidente Gustavo Petro habría otorgado consulados en Ecuador a cambio de apoyo político en el Congreso. El partido señaló que estas afirmaciones son falsas y carecen de fundamento.
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El Mira aclaró que no tiene representación en el gobierno de Petro ni ha estado involucrado en ningún tipo de acuerdo clientelista.
A través de un comunicado, exigieron a Bolívar que rectifique sus declaraciones y solicitaron a la Cancillería de Colombia que publique los nombres y afiliaciones políticas de los cónsules y vicecónsules en Guayaquil, Ecuador, con el fin de aclarar cualquier vínculo con su partido.
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El partido, liderado por el senador Manuel Virgüez, subrayó su postura de independencia respecto a la administración de Petro, destacando que nunca ha tenido, ni tendrá, cargos directivos en el actual gobierno.
Asimismo, mostraron su preocupación por el deficiente servicio consular a nivel internacional, un tema que ya habían abordado en una plenaria el 3 de septiembre de 2024.

En los videos en cuestión, Bolívar también mencionó que algunas campañas en redes sociales habían sido lanzadas contra importantes medios de comunicación en Colombia, una situación que se suma a otras polémicas en las que ha estado involucrado.
El funcionario, además, había señalado en una conversación privada con un colaborador del DPS que no podía colocar la fotografía del presidente Petro en el consulado en Guayaquil, Ecuador, debido a que el puesto estaba “controlado” por el partido Mira. Ante esto, Bolívar prometió investigar el asunto con el canciller.
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Por su parte, el Mira rechazó las insinuaciones de Bolívar, reiterando que su posición frente a las reformas del gobierno se basa en un análisis riguroso y no en acuerdos políticos transaccionales.
La colectividad defendió su trabajo legislativo y reafirmó su independencia respecto a cualquier tipo de negociación política con el actual gobierno.
Además del Partido Mira, también afirmó que se está haciendo una campaña de desprestigio contra medios nacionales

El video filtrado por la revista Semana en el que Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), reconoce la existencia de campañas de desprestigio contra medios de comunicación, ha añadido combustible al creciente conflicto entre el gobierno de Gustavo Petro y la prensa.
En la grabación, Bolívar menciona que dichas campañas han tenido éxito en alterar la percepción pública del presidente, particularmente en el contexto de una encuesta que mostró un 51% de apoyo a Petro.
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La revelación de este video ha desatado un intenso debate sobre la privacidad y el papel de los medios en la difusión de información sensible.
El presidente Petro, a través de su cuenta en X, cuestionó cómo una conversación privada de Bolívar pudo ser obtenida y difundida por Semana, sugiriendo que esto vulneraba la privacidad de las comunicaciones del gobierno y constituyó una violación ética.
La filtración de este material ha avivado aún más las tensiones entre el gobierno y los medios, que ya enfrentan un clima polarizado debido a la gestión del presidente Petro.
Bolívar, por su parte, ha defendido el uso de influenciadores en la estrategia de comunicación del gobierno, argumentando que estos actores han ganado credibilidad ante el público, lo que ha llevado a una disminución en la confianza hacia los medios tradicionales.
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Según Bolívar, el gobierno ha cambiado su enfoque para contrarrestar las críticas y desmentir calumnias de la oposición, utilizando las redes sociales como una plataforma clave para su estrategia.
La publicación del video también ha resaltado la creciente preocupación por el uso de las redes sociales para influir en la opinión pública, con seguidores e influenciadores cercanos al petrismo siendo acusados de participar en campañas de desprestigio contra los medios que han revelado denuncias de corrupción en el gobierno.

Semana destacó que varios de estos influenciadores han sido parte activa de las campañas, lo que ha generado un conflicto directo con los medios que exponen las fallas de la administración.
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Mientras tanto, la revista Semana no ha aclarado cómo obtuvo el video de la conversación privada entre Bolívar y otros funcionarios, lo que ha aumentado las dudas sobre el proceso de filtración y la ética detrás de la difusión del material.
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