La concejala de Bogotá Diana Diago lanzó serias acusaciones contra la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), señalando presuntas irregularidades que involucran tanto a la directora de la entidad, Consuelo Ordóñez, como a uno de sus asesores.
Durante un debate de control político, Diago expuso un caso que involucra un viaje realizado por Ordóñez a México, el cual fue financiado por la Federación Interamericana de Cemento, generando inquietudes sobre un posible conflicto de interés.
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Un viaje cuestionable en tiempos de crisis

Según la denuncia de Diana Diago, el viaje de la directora Ordóñez a México se realizó entre el 17 y el 22 de septiembre de 2024, que coincide con la crisis en los cementerios de Bogotá, situación que requería atención urgente debido a la alta demanda de servicios funerarios y la ocupación casi total de las bóvedas.
“¿Les parece ético que una funcionaria que maneja un presupuesto de 600 mil millones de pesos viaje con tiquetes pagados por una organización que representa la cementería?”, preguntó Diago.
La razón oficial del viaje, según consta en un documento adjuntado por la cabildante, fue una visita técnica a una planta de selección de residuos sólidos operada por una filial de Cemex, considerada la más moderna de Latinoamérica. Sin embargo, Diago destacó la incomodidad de que una empresa con intereses comerciales en el sector, como Cemex, financie la estadía de una funcionaria pública. “¿Qué hacen los cementeros financiando los tiquetes de una funcionaria para visitar una planta de selección de residuos sólidos? ¿Cemex con este negocio de plantas de selección de residuos tiene algún interés en el nuevo esquema de aseo de Bogotá?”.

Adicionalmente, la Federación Interamericana de Cemento estaba llevando a cabo su Congreso Técnico FICEM 2024 en Cartagena durante el mismo fin de semana del viaje, lo que plantea aún más interrogantes sobre las prioridades de la directora y la naturaleza de su viaje. “¿A razón de qué esta Federación financia tiquetes para que la funcionaria vaya a México, cuando ese mismo evento estaba ocurriendo aquí?”, insistió Diago, sugiriendo que este acto podría no ser más que una manera de influir en la toma de decisiones de la Uaesp.
Un asesor de la Uaesp en medio de controversias
Las denuncias de Diago también revelaron un posible conflicto de interés relacionado con uno de los asesores de Ordóñez, Ricardo Felipe Herrera. Este asesor ha estado vinculado a Promoambiental, uno de los operadores encargados de la recolección de residuos en Bogotá, y fue contratado en 2020 para ofrecer un dictamen pericial que justificara el aumento de tarifas por barrido público, en un caso que se encuentra actualmente en litigio.

“Si el proceso está vivo y el dictamen pericial está en entredicho, le pregunto a la directora de la Uaesp y al alcalde Galán: ¿No creen que acá hay una presunta irregularidad?”, cuestionó Diago. En este sentido, la concejal instó al alcalde Carlos Fernando Galán a clarificar la transparencia en el proceso, especialmente porque Herrera ha firmado contratos recientes con la Uaesp para asesorar en la estructuración del nuevo modelo de aseo que debe implementarse en 2026.
Diago recordó que la Superintendencia de Servicios Públicos está investigando a Promoambiental por presuntos cobros indebidos que suman $44.000 millones. “La controversia jurídica aún no se resuelve, pero resulta que el señor Herrera como contratista de la Uaesp ha participado en la elaboración del componente jurídico para el nuevo esquema de basuras”, enfatizó Diago, sugiriendo que esta situación podría comprometer la integridad del proceso licitatorio.

Ante las múltiples irregularidades expuestas, Diana Diago exigió la renuncia inmediata de Consuelo Ordóñez y solicitó a los entes de control que examinen detenidamente su gestión. “La directora de la Uaesp debe renunciar de inmediato. Mantenerla en el cargo demuestra que Galán es igual que Petro y Claudia López. ¿Qué espera Galán para sacarla?”, instó la concejal, destacando la necesidad de asegurar que la administración pública no se vea influenciada por intereses privados que puedan perjudicar a los ciudadanos.
Las acusaciones de Diago han resonado en el ámbito político y han generado un amplio debate sobre la transparencia y la ética en la administración pública de Bogotá. La situación plantea un desafío para la Uaesp y su liderazgo en un momento crítico para la ciudad, especialmente considerando la creciente preocupación de los ciudadanos sobre la gestión de los servicios públicos.
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