El 22 de octubre de 2024, las autoridades lograron la captura de 21 personas que estaban involucradas en graves delitos en por lo menos ocho fundaciones de rehabilitación en Bucaramanga y Piedecuesta. La intervención puso al descubierto un “cuarto de reflexión”, un espacio reducido de apenas 2x2 metros, utilizado para encerrar a internos considerados problemáticos.
El coronel Oswaldo Alexander Forero Moreno, comandante de la Quinta Brigada, informó que las capturas fueron posibles gracias a más de un año de trabajo de inteligencia realizado por el Gaula Militar Santander, en colaboración con el Batallón de Ingenieros de Combate No. 5. “Estas personas operaban a través de ocho fundaciones, cada una registrada con una razón social diferente en el área metropolitana de Bucaramanga. Su modus operandi incluía la comisión de vejámenes inhumanos contra sus víctimas”, aseguró el uniformado.
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Estas supuestas fundaciones, que afirmaban ofrecer servicios de rehabilitación para consumidores de drogas y personas con enfermedades psiquiátricas, resultaron ser auténticas “casas de tortura”. Según las investigaciones, los internos eran víctimas de abusos sexuales, torturas y castigos físicos.
Por su parte, el Juzgado Primero Penal Municipal de Garantías ordenó la detención en centro carcelario de 11 personas vinculadas a este crimen, tras escuchar las declaraciones del fiscal que llevó a cabo la investigación. Los otros 10 capturados fueron dejadas en libertad.
De acuerdo con la Fiscalía, los directores de la red, que funcionaba desde 2013, estaban al tanto de los tratos inhumanos infligidos a las personas internadas. Las víctimas, en situación de vulnerabilidad, eran privadas de libertad y sometidas a condiciones degradantes. Además, eran drogadas sin prescripción médica con el fin de mantenerlas bajo control.
El fiscal del caso relató durante la audiencia episodios de extrema crueldad, destacando la muerte de Abraham Chía Robles, un joven de 27 años recluido en uno de los llamados centros de rehabilitación. El funcionario confirmó que el día de la intervención, Chía Robles se encontraba en un cuarto de 2 por 2 metros, compartiendo el reducido espacio con otras nueve personas.
Durante la intervención, algunos jóvenes fueron encontrados esposados por la espalda y amarrados de los pies. Varias víctimas son menores de edad que presentan signos de violencia sexual. El ente acusador detalló cómo los responsables torturaban y abusaban de los internos en las fundaciones. En total, había más de 500 personas distribuidas en ocho casas, fundaciones o centros de rehabilitación ubicados en Bucaramanga, Girón y Piedecuesta.
El fiscal aseguró que “allí ingresaban simultáneamente, sin ninguna discriminación, internos con problemas psiquiátricos y con temas de adicción. Pese a lo pequeño del espacio, ingresaba gran cantidad de personas que permanecían de pie indefinidamente”.
En las audiencias se reveló que las personas recluidas en las fundaciones eran sometidas a golpes y distintos tipos de abusos. Además, los agresores les pegaban con palos y bates, los amarraban de pies y los esposaban, dejándolos tirados en el piso durante varias horas.
“Los encerraban en un cuarto que olía a orines, sin colchonetas, una persona duró un mes, nos esposaban, nos amarraban, nos tocaba orinar en bolsas, en baldes, no podíamos bañarnos, no había enfermera, ni quién hacía aseo, había un terapeuta que abusaba de varios, abusaban de nosotros por dejarnos fumar un cigarrillo, no nos daban comidas balanceadas”, describió la Fiscalía General de la Nación.
La red, conocida como “Casa de Tortura”, estaba integrada en su mayoría por miembros de una misma familia y enfrenta acusaciones por una serie de delitos graves. Entre ellos se encuentran concierto para delinquir, secuestro, homicidio, desaparición forzada, tortura, acceso carnal violento y el tráfico de estupefacientes.
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