En un contexto donde la seguridad de los niños, niñas y adolescentes debe ser una prioridad, la Procuraduría General de la Nación emitió una alerta respecto a la ausencia de representantes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) durante la realización de la Conferencia de las Partes (COP16) en Cali.
Este evento internacional, que inició el 21 de octubre, ha sido el foco de atención no solo por su relevancia global, sino también por las implicaciones que tiene para la seguridad de los menores en un entorno masivo y de alta afluencia de nacionales y extranjeros a la capital del Valle del Cauca.
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Javier Sarmiento, procurador delegado para los Derechos Humanos, subrayó la importancia de contar con la presencia constante de funcionarios del Icbf en lugares críticos como el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón y el Puesto de Mando Unificado (PMU) establecido por las autoridades locales.
“Un evento de esta magnitud y naturaleza requiere la presencia activa de funcionarios de esta institución en aras de prevenir afectaciones a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en materia de trata de personas y uso y utilización en actividades ilícitas”, afirmó Sarmiento.
La falta de un equipo de la entidad en estas áreas, donde se puede iniciar la atención de posibles casos de victimizaciones y abusos, ha generado preocupación. Por lo anterior, el procurador hizo hincapié en que los derechos de los menores deben ser priorizados, y su protección es fundamental ante riesgos como la prostitución y el abuso sexual infantil. “En un evento masivo de talla internacional, es indispensable que la entidad encargada de velar por los derechos de niños, niñas y adolescentes haga presencia permanente”, añadió.
Sarmiento también destacó la infraestructura de seguridad que se ha implementado en la ciudad para proteger tanto a nacionales como a extranjeros durante la COP16. Durante un sobrevuelo por el distrito y su área metropolitana, se identificaron más de siete puestos de control operativos, con la participación de aproximadamente 180 funcionarios trabajando las 24 horas. “Realizamos un sobrevuelo por el Distrito de Cali y su área metropolitana, identificando más de siete puestos de control, 24/7″, indicó el delegado, brindando un mensaje de tranquilidad sobre la vigilancia y los protocolos de gestión de riesgos.
Sin embargo, la ausencia del Icbf plantea interrogantes sobre la adecuada atención y respuesta a las necesidades de los menores. La Procuraduría ha subrayado su compromiso de seguir supervisando las estrategias implementadas y a la vez, trabajar con las autoridades locales para identificar áreas de mejora en la seguridad y protección de la población vulnerable.
Por su parte, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, resaltó que desde el inicio de la COP16 se han detectado cerca de 800 drones sobrevolando la ciudad, con un despliegue efectivo de medidas de control. “De los 400 inscritos para operar drones, solo se ha autorizado a 40. Aquí estamos listos y blindando la ciudad para cualquier dron que venga con fines de hacer cualquier acto de terrorismo”, manifestó.
Esta afirmación se enmarca dentro de un sistema de monitoreo que ha costado más de $4.000 millones, con drones distribuidos en puntos estratégicos de la ciudad y en Jamundí, un municipio que ha enfrentado un aumento de la violencia asociada a grupos criminales.
A pesar de las preocupaciones sobre la falta de presencia del Icbf, la mandataria regional aseguró que el evento transcurre con normalidad gracias a la implementación de un sólido sistema de monitoreo e inteligencia.
La combinación de la alerta del Ministerio Público y la respuesta de las autoridades locales para garantizar la seguridad del evento pone de manifiesto la necesidad de una coordinación efectiva que incluya todos los sectores involucrados en la protección de los derechos de los niños, en un evento de esta envergadura donde cada detalle cuenta para asegurar que estos no estén en riesgo, ni sus derechos fundamentales se vean vulnerados.
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